Según el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, la riqueza de los residentes españoles en territorios offshore, sin incluir bienes como la vivienda o las obras de arte, ascendió a 140.000 millones de euros en 2022, lo que representa el 10,6% del PIB. Además, España es el décimo país más afectado por los impuestos que se dejan de ingresar por las maniobras fiscales de las empresas.
Sin embargo, el cerco a los paraísos fiscales se va estrechando, pues el intercambio de información bancaria entre países ha logrado reducir un 27% la evasión de impuestos, frente a la que se registraba hace dos décadas. Tal y como advierte Diego Cabezuela, Socio Director de Círculo Legal Madrid, “tanto el secreto bancario como la negativa a suministrar información están en claro retroceso”.
Cabezuela pone como ejemplo Suiza, que “en 2018 levantó un veto que llevaba 83 años en funcionamiento”. Precisamente, el país helvético todavía acumula el 37,2% de toda la riqueza financiera española, no declarada a la Agencia Tributaria.
Más riesgos que oportunidades
Del lado de las empresas, Diego Cabezuela admite que “muchos países de los considerados paraísos fiscales se han dado cuenta de que estar en una lista negra es un obstáculo para ser respetados en el comercio internacional, mientras que las propias compañías van abandonando los paraísos fiscales porque ponen en riesgo su propia operativa”.
El abogado explica que el auge internacional del compliance hace que “acceder a contratos atractivos requiera de contar con un buen programa de compliance, y este impone realizar una due diligence de la contraparte, antes de iniciar cualquier relación económica”. En este sentido, “no ofrecer información transparente sobre aspectos esenciales como cuentas, estructura o titularidad real, complica sobremanera la apertura de nuevas oportunidades de negocio”, asegura Cabezuela. Es el principio denominado “conozca a su cliente”.
Medidas antifraude
Además de plantear un impuesto global del 2% para gravar la riqueza de los casi 3.000 ultrarricos y así recaudar más de 200.000 millones de euros al año, desde el think tank europeo proponen elevar el impuesto mínimo de sociedades del 15% al 25% en todo el mundo.
Igualmente, el letrado advierte de que “las medidas antiparaíso fiscal se están endureciendo pogresivamente y el margen de maniobra de las empresas radicadas en ellos se reducirá todavía más en los próximos años”. Medidas como “no reconocer la personalidad jurídica a las sociedades radicadas en paraísos o prohibirles establecer contratos públicos o recibir subvenciones, tanto a ellas como a las que se relacionan con ellas” son fórmulas de castigo que están encima de la mesa. Diego Cabezuela puntualiza que “son medidas que están en un horizonte cercano y que pueden suponer elementos de disuasión muy eficaces”.
