La nueva normalidad taras la pandemia está descubriendo una emergencia sociolaboral sin precedentes en nuestro país. La economía española, en el umbral de la recesión, dispara la incertidumbre y deja en situación de extrema vulnerabilidad a las personas que tradicionalmente han encontrado más dificultades de acceso al mercado laboral: con discapacidad, mayores de 55 años desempleados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género y otras personas en riesgo de exclusión social).
“Si no se acometen medidas urgentes, se desatará una hecatombe laboral que cronificará la exclusión social de los más vulnerables. El desplome del turismo anticipa un impacto de dimensiones desconocidas sobre el empleo, siendo un sector transversal que arrastra en su caída a otras áreas estratégicas como la hostelería, el transporte o el ocio, y que deja en una situación crítica a las personas que ya se encontraban en riesgo de exclusión antes de la pandemia. Frenar la destrucción de empleos y generar nuevas oportunidades laborales para ellos es la única llave para evitar la expansión de la pobreza y amortiguar los efectos de la crisis en el marco de la Agenda 2030”- destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
Asimismo, “resulta fundamental despejar el futuro de los ERTEs a través de medidas adaptadas a cada sector, evitando que culminen en despido y que originen, a su vez, nuevas bolsas de pobreza y exclusión en España”- señala el directivo.
El VIII Informe sobre exclusión social, presentado por la Fundación Foessa, el pasado año, cifraba en 6 millones las personas en condiciones de vulnerabilidad que podrían dar el paso definitivo a la exclusión social, en caso de producirse un empeoramiento de la economía. Y aunque las dimensiones de la oleada de pobreza que se viene son aún difíciles de calcular, parece que este fatal pronóstico podría cumplirse. En otras palabras, esos 6 millones de personas podrían sumarse a los 8,5 millones ciudadanos en situación de exclusión que ya se contabilizaban en la era pre COVID-19. Con todo ello, el número de residentes en España en situación de exclusión social se elevaría a los 14,5 millones o, lo que es lo mismo, alcanzaría al 31% de la población, frente al 18,4% actual.
Las personas con discapacidad, en el centro de la vulnerabilidad
Queda patente la situación de desigualdad de la que parten las personas con discapacidad, que se ve agravada ante coyunturas difíciles como la que hoy atravesamos. No en vano, las consecuencias del coronavirus no se han hecho esperar y en el primer semestre del año se ha producido el primer descenso en la contratación de personas con discapacidad desde el año 2012: entre enero y junio han firmado 38.176 contratos, un 34,7% menos que en el mismo periodo de 2019. Esta caída es, además, superior a la registrada en la contratación de la población a nivel general, que ha sido del 33,6%.
“Nos preocupa que la pandemia marque un punto de inflexión y se perpetúe esta tendencia negativa, produciéndose un retroceso en la igualdad de oportunidades y en la inclusión social y laboral que las personas con discapacidad habían ido alcanzando durante los últimos años. Ahora es el momento de ser consecuentes con la Agenda 2030 y no dejarles atrás en la superación de esta crisis, siendo el empleo la única alternativa”, destaca Mesonero.
Mayores de 55 años: ¿irreversible? pérdida de empleo
Los profesionales mayores de 55 años han perdido 73.500 empleos durante el segundo trimestre de 2020, en un periodo en el que el número de ocupados suele crecer debido a la campaña de contratación estival, pero que este año ha invertido su tendencia por la pandemia (en el mismo periodo del año pasado los mayores de 55 años ganaron 92.200 empleos).
“A diferencia de otras personas que se han quedado sin trabajo, los mayores de 55 años se enfrentan a situaciones de extrema complejidad: se truncan sus cotizaciones en un momento clave y su desempleo tiende a cronificarse, lo que deriva en situaciones de pobreza y exclusión social”, destaca Francisco Mesonero.
En este sentido y. a pesar del protagonismo creciente de los seniors como fuerza laboral (representan el 15% de los desempleados frente al 8% de 2010), sus dificultades de acceso al mercado siguen siendo mayúsculas. Una realidad que se ve irrevocablemente reflejada en el paro de larga duración: un 61,7% de los desempleados mayores de 55 años supera el año sin trabajo y la mayoría de ellos (49%) lleva más de 2 años sin encontrar empleo. Esta cifra se reduce en 20,2 puntos porcentuales entre el resto de la población, alcanzando el 41,5%.
Detrás de estas cifras se encuentran dos grandes barreras: una desactualización de competencias entre los seniors y, sobre todo, prejuicios y estereotipos empresariales que frenan su contratación, abocándoles al paro estructural.
Según Mesonero: “Estando los desempleados mayores de 55 años especialmente expuestos a la cronificación del desempleo, podrán dar el paso definitivo a la inactividad, ante la falta de expectativas y dificultades de acceso a un mercado laboral herido por la COVID-19. Ello acarrea un importante riesgo, en un contexto de récord de envejecimiento en España, en el que la fuerza laboral senior es clave para la competitividad del país”.
Seniors y juniors: cuando la discriminación se concentra en ambos polos
Las dificultades de acceso al mercado laboral también están especialmente presentes en otro grupo de edad: los jóvenes, un sector de la población cuyo desempleo repunta con fuerza ante toda coyuntura de crisis, como así está sucediendo en la actual: la tasa de paro juvenil alcanza la escalofriante cifra de 39,6%, frente al 33% del trimestre anterior y la cifra más alta desde 2017. Un porcentaje que se incrementa cuando la persona se encuentra, además, en una situación previa de riesgo de exclusión social (discapacidad, nivel socioeconómico bajo, escasa formación, etc).
“La discriminación por edad acorta la vida laboral de las personas en activo, reduciéndola a los años que van desde los 25 a los 40 años y dificultando que tanto jóvenes como seniors puedan desarrollar una carrera profesional plena, por cuestiones que nada tienen que ver con su valía. Erradicar esta discriminación no es solo una cuestión de justicia social, sino clave para la sostenibilidad de nuestra economía, que no puede permitirse renunciar a un talento tan numeroso”, destaca Mesonero.
