Los diferentes paquetes económicos que el Gobierno ha confeccionado, para amortiguar el golpe que el COVID-19 va a provocar a la economía española, podrían no ser suficientes para el mercado. Así, en los últimos días, varias asociaciones han solicitado al ejecutivo medidas tributarias más flexibles y proteccionistas para reducir todo lo posible el sufrimiento de nuestro tejido empresarial.
ATA vuelve a pedir la suspensión de la cuota de autónomos
Las medidas excepcionales decretadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para los autónomos no han convencido a la patronal, y esta sigue exigiendo una exención de las cuotas a la Seguridad Social del mes de marzo para este colectivo, sin excepción. Según ATA, «si no se suspende la cuota, los autónomos la verán cargada en sus cuentas el próximo 31 de marzo y generará frustración y malestar «.
El plazo para la solicitud para la prestación extraordinaria es desde el 15 de marzo hasta el próximo 14 de abril, sin perjuicio de que se amplíe si se prorroga el estado de alarma. Sin embargo, y ante la cercanía de la fecha en la que se hace efectivo el pago de la cuota puede haber errores formales en las solicitudes presentadas hasta ahora y que, por tanto, estas sean denegadas. Y, por otro lado, haya una avalancha de solicitudes.
A lo que hay que añadir que siguiendo las indicaciones sanitarias los autónomos y colaboradores sociales están en situación de aislamiento, con negocios cerrados donde tienen la documentación, con movilidad limitada y muchos en situación de teletrabajo. Además de la situación de operatividad limitada de las MUTUAS en estos momentos, según indican en un comunicado. En una carta enviada a Sánchez, la asociación hace “un ruego, un favor, incluso una súplica, que, dada la situación de falta de actividad y liquidez de los autónomos en estos momentos y operatividad limitada de órganos gestores, que se suspenda el cobro de las cuotas de todos los autónomos el próximo 31 de marzo”.
AEDAF reclama más flexibilidad en materia tributaria
La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha elaborado una propuesta de medidas fiscales que estima deben ser aprobadas “con carácter urgente” para abordar la crisis económica y social derivada de la emergencia sanitaria provocada por la extensión de esta pandemia.
Los asesores fiscales consideran que los preceptos normativos aprobados hasta la fecha en materia fiscal resultan manifiestamente insuficientes y recuerdan que el propio Eurogrupo ha recomendado la adopción de rotundas medidas tributarias orientadas a diferir impuestos para paliar los déficits de liquidez de las empresas, cosa que ya han hecho un buen número de países en este y otros continentes.
Las medidas propuestas por AEDAF afectarían al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre el Valor Añadido, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. La Asociación incluye otras medidas relativas el aplazamiento de deudas tributarias y autoliquidaciones y al Suministro Inmediato de Información, SII.
Los asesores fiscales echan en falta “sensibilidad a la hora de entender el posible incumplimiento forzado de obligaciones tributarias como consecuencia de la situación tan extraordinaria en la que nos encontramos, sensibilidad que sí ha quedado demostrada al abordarse posibles situaciones de fuerza mayor en los ámbitos del derecho civil, administrativo, o laboral.”
ASPAC sugiere reducir intereses por impago
La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) ha señalado que está de acuerdo con las medidas adoptadas en el Real Decreto, pero le parecen insuficientes y así sugiere que los impagos posteriores a la declaración de este no permitan el devengo de intereses de mora, sino únicamente intereses ordinarios. Por otro lado, propone una deducción especial del 20% de las cantidades invertidas por las empresas en activar el teletrabajo.
Asimismo, tal y como se actuó con el tratamiento del deterioros de las existencias de las compañías inmobiliarias en la última crisis económica del “ladrillo”, la Asociación plantea que todas las pérdidas generadas por las empresas desde la promulgación del Real Decreto, mediante el que se declara el estado de alarma, no sean tenidas en cuenta a los efectos de los cómputos del desbalance de los Fondos Propios de las compañías que les obliguen a liquidar o concursar.
Así como el Gobierno ha adoptado una medida tendente a evitar que durante el periodo de alarma y los dos meses siguientes ninguna empresa se vea obligada a declararse en concurso, ASPAC propone la prórroga de los plazos para la presentación del concurso de acreedores, posponiendo dicha obligación hasta septiembre. Además, plantea la flexibilización para conceder aplazamientos de deudas tributarias y de Seguridad Social, con una concesión automática para las pymes, a tipo de interés cero, de las deudas tributarias en periodo voluntario, cuyo vencimiento se produzca durante el Estado de Alarma y en los tres meses siguientes.
Para las sociedades, plantea el pago a cuenta a pagar en abril de aquellos que lo calculasen en función de la cuota del año anterior, con la posibilidad de cambiarlo a la otra modalidad en función del resultado del ejercicio.
