Las pensiones se juegan su futuro en los próximos diez años. Así lo aseguran los expertos de PwC, que en un 86% afirman que al actual sistema le quedan menos de diez años, por lo que debería ser sustituido por otro que garantice su sostenibilidad.
Así se desprende del Consenso Económico, correspondiente al tercer trimestre de 2017, que desde 1999 elabora PwC a partir de la opinión de un panel de más de 350 expertos, directivos y empresarios españoles, y que en este caso incluye el monográfico ‘¿Están en riesgo el futuro de las pensiones?’.
Además de los que consideran de forma mayoritaria (86%) que al sistema actual no le quedan más de diez años de vida, se suma un 42,6% cree que le quedan menos de cinco y solo un 13,9% confía en que dure más de una década.
En cuanto a las alternativas que los panelistas estiman más acertadas para garantizar la sostenibilidad del actual sistema público de pensiones, señalan, por este orden, el considerar toda la vida laboral para el cálculo de las pensiones, la puesta en marcha de medidas fiscales adicionales que incentiven a la población a suscribir planes de pensiones privados como complemento de la pensión pública, y retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años, salvo en algunos sectores, como la minería o la construcción.
Asimismo, los panelistas se dividen respecto a cómo debería ser el futuro sistema de pensiones, puesto que un 38,7% cree que debería adoptarse un modelo mixto, de reparto y capitalización al mismo tiempo, frente a un 35,6% que apuesta por que las pensiones públicas se complementen con un sistema privado de carácter obligatorio para todos los ciudadanos.
En el hipotético caso de que se sustituyera al actual sistema público de reparto por otro de capitalización o mixto, el 36% de los panelistas considera que la transición debe ser obligatoria para los nuevos trabajadores, mientras que los que ya estén en el sistema deben tener derecho a decidir libremente si siguen como están o se pasan al nuevo.
En este sentido, un 43% cree que en España no existe una cultura financiera mínima en la población como para promover un sistema de capitalización, al tiempo que un 65% opina que si se cambia el sistema público de pensiones, el Gobierno tiene la obligación de garantizar una pensión a todos los ciudadanos, cuya cuantía variará según hayan cotizado o no.
Para un 55% la Comisión Parlamentaria de Pacto de Toledo, que está estudiando la cuestión desde finales de 2016, va a acabar en una serie de recomendaciones que permita conseguir los recursos necesarios para resolver el déficit del sistema durante los próximos años, pero en nada más. Finalmente, en el debate sobre viabilidad del sistema de pensiones, el 55% de los encuestados considera que la UE debería tener un papel a la hora de fijar las características que deberían cumplir todos los países de la zona euro, pero no fijar el sistema en sí.
