Las administraciones públicas se demoran en exceso en sus pagos y esto conduce a todos los agentes de la economia a situaciones muy delicadas de supervivencia. En el último año, la morosidad de los distintos organismos oficiales se ha reducido, pero la demora continúa siendo excesiva. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el año pasado el retraso en el pago de las administraciones se redujo desde los 75 a los 70 días.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las más afectadas por esta falta de seriedad por parte de estos estamentos oficiales. La última encuesta de Entorno Empresarial, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, concluía que la mora preocupa a las pymes incluso más que las propias y tradicionales dificultades para acceder a la financiación bancaria.
Los ayuntamientos siguen inclumpliendo la Ley de Morosidad, al tener una demora media de setenta días, frente a los sesenta que establece como máximo esta normativa, según las cifras del Ministerio de Hacienda. Algunos ayuntamientos tiene una morosidad de un año, nada menos.
Otras administraciones sí cumplen con los plazos establecidos por la legislación: la administración central paga con una media de 28 días de retraso, mientras las comunidades autónomas lo hacen con 26 días. Otras fuentes señalan que la morosidad en España está falseada y que son casi cien los días de retraso de media.
Italia, peor
En Europa sólo se supera la morosidad española en Italia, donde en las operaciones entre compañías, el retraso en el pago se sitúa en los 80 días. El ejecutivo del Partido Popular puso en marcha cuando llegó al gobierno en 2011 un Plan de Pago a Proveedores mediante el que se solucionó la morosidad de casi 42.000 millones que las comunidades autónomas y los ayuntamientos mantenían con pequeñas y medianas empresas y autónomos.
