El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha ampliado al 1 de abril el plazo para que los proveedores de entidades locales que quieran acogerse a la extensión del pago de pago a proveedores soliciten ser incluidos en el listado de facturas de la entidad local.
Según ha informado el departamento dirigido por Cristóbal Montoro en un comunicado, para conseguirlo, tienen que acudir a los ayuntamientos o mancomunidades de los que son acreedores para hacer esa gestión en formato papel hasta el 1 de abril.
La solicitud implica la aceptación del proveedor del pago de la deuda comercial pendiente a través de este mecanismo renunciando a intereses y otros gastos. La entidad local emitirá un certificado individual de reconocimiento de la obligación.
De esta forma, se amplía hasta el 5 de abril el plazo para que las entidades locales puedan facilitar esa información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la aplicación de la Agencia Tributaria.
La extensión del plan de pago a proveedores, aprobado el pasado 23 de febrero con una dotación de más de 2.600 millones de euros, servirá para pagar facturas contabilizadas antes del 1 de enero de 2012. Los proveedores cobrarán dichas facturas en la primera quincena de junio.
El plan permite acogerse a entidades que quedaron fuera de la primera fase (mancomunidades de municipios y entidades del País Vasco y Navarra), así como a municipios y comunidades autónomas acogidas a la primera fase que tengan deudas con proveedores en alguna de las nuevas fórmulas contractuales que se incluyen a partir de ahora.
En el caso de las mancomunidades, será preciso que remitan sus Estatutos y porcentajes de participación de los municipios que las integran y en el caso de las entidades locales del País Vasco y Navarra que se haya suscrito un Convenio con la Administración del Estado.
Entre los nuevos tipos de contratos que se incluyen en esta nueva fase del mecanismo están las concesiones administrativas, las encomiendas de gestión, los convenios, los contratos de arrendamiento de inmuebles, los contratos de colaboración público-privada, así como determinados contratos de concesión de obras públicas y de gestión de servicios públicos.
Asimismo, se habilita una segunda oportunidad, hasta el día 1 de abril, para que los contratistas que no manifestaron su aceptación en abril de 2012 lo puedan hacer ahora, dirigiéndose a la entidad local o comunidad autónoma deudora.
