Las autoridades españolas son poco propensas a investigar los casos de soborno que nuestras empresas puedan llevar a cabo en el extranjero. Es lo que ha denunciado públicamente la OCDE al asegurar que «está seriamente preocupada» por la escasa atención que recibe esta actividad ilegal por parte de las administraciones de nuestro país.
La organización asegura que está «alarmada» por el escaso número de investigaciones de este tipo realizadas en el país, donde en los últimos trece años apenas se han investigado siete casos, todos ellos archivados sin consecuencias.
En un amplio informe, elaborado tras la visita a Madrid entre el 3 y el 5 de julio de un grupo de expertos de la institución internacional encargados de analizar los progresos de España en la implementación de las reformas necesarias para ajustarse a la convención para combatir el pago de sobornos de funcionarios extranjeros, la OCDE denuncia que tras casi 13 años de existencia del delito de sobono a funcionarios extranjeros, ninguna empresa ni persona física hayan sido condenados ni juzgados por esta cuestión.
Las investigaciones por el presunto pago de sobornos de las que hay constancia hacen referencia a casos investigados entre 2006 y 2012 ante la sospecha del presunto pago de sobornos a funcionarios de países como Costa Rica, Marruecos, Libia, Angola o Letonia, aunque ninguno de los procesos tuvo consecuencias para los investigados.
En el marco de su análisis, la OCDE ha pedido a España que le proporcione un informe de autoevaluación al respecto este año, donde se detallen los progresos en la modificación del Código penal, así como en la implementación de las recomendaciones de la institución para combatir la corrupción.
A este respecto, el grupo de trabajo de la OCDE se reserva la adopción de «las medidas adecuadas», incluida la posibilidad de una nueva evaluación, en el caso de que España no adopte los pasos necesarios para cumplir con las recomendaciones recibidas.
