Las grandes empresas deberán incorporar un 40% de mujeres en sus consejos de administración antes de 2020, tanto si quieren como si no. La Comisión Europea presentará en marcha la iniciativa de la comisaria europea de justicia, Viviane Reading, que en numerosas ocasiones se ha manifestado a favor de romper el techo de cristal con el que se encuentran las mujeres en el mundo corporativo.
El instrumento legal que prepara Reding, se dirigirá a las empresas con más de 250 empleados o más de 50 millones de eurosde ingresos anuales, pero no a las pymes. Además, la cuota del 40% solo se aplicará a los «miembros no ejecutivos» de los consejos de administración. Además, las nuevas reglas fijarán obligaciones «más rigurosas» para las empresas controladas por el Estado.
La futura normativa, que ahora está en fase de «deliberación interna» en la Comisión, responde al «fracaso» de las medidas voluntarias de autoregulación que Bruselas intentó impulsar el pasado año para aumentar la presencia femenina en las grandes compañías, indicaron las fuentes.
La CE subrayó que su iniciativa no es «excepcional» en la UE, ya que hasta ahora 11 Estados miembros, incluido España, han optado por «soluciones legales» para reforzar la igualdad de género en los puestos directivos de las empresas.
Por ejemplo, recordaron las fuentes, en España se introdujo una ley en 2007 que establece el objetivo del 40% para 2015 para las sociedades anónimas y las limitadas (con más de 250 empleados), y prevé sanciones en caso de incumplimiento que incluyen la exclusión de las licitaciones y subastas públicas.
Según el Ejecutivo comunitario, esta iniciativa «ha llevado a un buen progreso» en las empresas del país, ya que entre 2004 y enero de 2012 el número de mujeres en consejos de administración ha aumentado un 7% (situándose en el 11 %).
Otros países que aplican políticas de discriminación positiva para favorecer la presencia femenina en las empresas son Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Austria y Eslovenia.
La CE ha señalado, no obstante, que la adopción de la normativa es «un proceso en curso» y que la decisión final la tendrán que adoptar el presidente del Ejecutivo comunitario y el colegio de comisarios.
