ATA y UPTA han solicitado formalmente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ampliación del plazo de presentación de la documentación requerida por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en el procedimiento de revisión de las prestaciones extraordinarias de cese de actividad y trabajo por cuenta propia concedidas en la pandemia del COVID-19.
En los últimos meses, dichas asociaciones han sido conocedoras de que a muchos de los autónomos a los que les fue concedida de forma provisional alguna de las prestaciones de cese de actividad, están recibiendo requerimientos por parte de las entidades gestoras de sus prestaciones. Dichos requerimientos dan un plazo máximo de 10 días a los autónomos para aportar toda la documentación necesaria para acreditar que han cumplido con los requisitos que la normativa indicaba para cada una de las prestaciones.
Las dos organizaciones más representativas de autónomos consideran este plazo absolutamente insuficiente puesto que, la mayor parte de los autónomos que han recibido este requerimiento cuentan con poca capacidad de gestión, personal insuficiente y poco o ningún acceso a los servicios de asesoramiento que les permitan atender lo requerido en el plazo de 10 o 15 días.
La solicitud es la ampliación del plazo para atender a dichos requerimientos, recomendando otorgar 30 días para la aportación de la documentación justificativa del derecho a las prestaciones. Y, por otro lado, incluir para los autónomos la posibilidad de solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago de hasta 24 meses, de las prestaciones y cuotas indebidamente bonificadas mediante las correspondientes resoluciones definitivas.
Lorenzo Amor (ATA) y Eduardo Abad, (UPTA España) han manifestado: “Hacemos un llamamiento urgente al Ministerio para que resuelva una situación que afecta a más de 150.000 trabajadores y trabajadoras autónomas, es una situación inadmisible que los afectados por la subsanación o devolución de ayudas del COVID sufran esta persecución, no se está teniendo en cuenta la situación de máxima vulnerabilidad y emergencia que padecimos, deben cambiarse urgentemente las condiciones, poder aplazar el pago correspondiente y ampliar los plazos para que puedan presentar a tiempo toda la documentación y alegaciones pertinentes”.
