La solicitud de prestaciones a la Seguridad Social, junto con devolución de los gastos de constitución de hipotecas y las cuestiones relacionadas con el contrato de alquiler fueron los tres asuntos legales más consultados por los españoles en 2023.
Así se desprende del Observatorio Jurídico de Legálitas, que analizó un total de 1.085.206 asesoramientos jurídicos realizados por sus abogados a lo largo del año pasado, suponiendo la mayor muestra examinada en este tipo de estudios en el sector legal.
Una de cada cuatro consultas estuvo relacionada con consumo
Por temáticas, consumo, que aglutina dudas sobre banca, contratación de suministros, comercio, ocio y turismo, volvió a ser un año más el área que más consultas de los ciudadanos acaparó, con un 25,87%, representando que una de cada cuatro necesidades jurídicas fuese sobre esta materia.
Por otra parte, las consultas sobre temas bancarios aumentaron hasta representar más de la mitad de las recibidas en esta área, especialmente, por las dudas que genera la devolución de los gastos de constitución de hipotecas. Las cuestiones relacionadas con suministros (gas, luz y telecomunicaciones, etc.) bajaron levemente debido a las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la inflación.
Los españoles mostraron este año una mayor sensibilización hacia los temas laborales, especialmente, sobre los derechos de los trabajadores (solicitar una excedencia o reducción de jornada, teletrabajo, permisos laborales, etc.). que fueron una de las consultas estrella del ejercicio. No obstante, las prestaciones a la Seguridad Social y a las mutuas, pese a que descendieron en volumen, siguieron representaron uno de los asuntos más repetidos en materia Laboral.
Este área, con un 17,47% de los asesoramientos, desbancó en el ranking a las consultas relacionadas con Inmueble (16,47%), donde las cuestiones relacionadas con los alquileres fueron la principal preocupación de los ciudadanos.
A las problemáticas habituales (impagos de renta, firma o resolución de contratos, conflictos entre propietario e inquilino por arreglos o gastos, etc.), se sumaron las originadas por las últimas medidas adoptadas por el Gobierno como, por ejemplo, la nueva Ley de Vivienda y las dudas sobre quién debe pagar los gastos de gestión inmobiliaria en un arrendamiento, la prórroga de la limitación en la actualización de la renta del precio del alquiler o la prórroga hasta 2025 de la suspensión de los lanzamientos en procedimientos de desahucio por vulnerabilidad del inquilino.
Extranjería, estafas online y declaración de la Renta
También aumentaron considerablemente los asesoramientos jurídicos sobre medidas de apoyo a las personas con discapacidad; las cuestiones sobre extranjería, que representaron casi la mitad de las consultas atendidas en el departamento de Administrativo; y las relativas a funcionarios y a urbanismo, que duplicaron su volumen respecto al año anterior, lo que contrasta con la evidente reducción de consultas sobre sanidad, tras el fin de la COVID-19.
Las estafas online como phishing o robo de identidad volvieron a ser un motivo importante de preocupación para los ciudadanos debido a la sensación de impunidad de los ciberdelincuentes y ocuparon casi la mitad de las llamadas recibidas por los abogados de penal. También la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal supuso un aumento de las consultas sobre el maltrato animal, el delito leve de abandono y las posibles medidas cautelares.
La declaración de la Renta volvió a ser la protagonista de las consultas entre los meses de abril y junio; mientras que las cuestiones relativas a compraventas entre particulares, cómo hacer un testamento, renunciar a la herencia o cómo repartirla, junto a las dudas sobre separación y divorcio, tanto de matrimonios como de parejas de hecho, y todo lo relacionado con la custodia compartida y convenio regulador, se mantuvieron estables.
Por su parte, a nivel empresarial, las consultas sobre la Ley de Segunda Oportunidad continuaron al alza motivadas por las situaciones de insolvencia tanto de autónomos como de particulares que buscaron resolver su situación económica acogiéndose a esta opción. No obstante, se empiezan a observar signos de recuperación económica reflejados en el aumento de consultas sobre derecho societario y creación de empresas tras la entrada en vigor de las modificaciones legales que permiten agilizar el proceso de constitución de sociedades.
