El pasado febrero se aprobó en España la Ley de Protección al Informante, también conocida como Ley Whistleblowing. Esta ley obliga a las empresas de 50 o más trabajadores a contar con un canal de denuncias a través del cual poder comunicar infracciones normativas, y que se pueda hacer de forma anónima, protegiendo al informante y evitando posibles represalias contra éste.
Un reciente estudio realizado por EQS Group, señala que de entre las empresas españolas que ya han puesto en marcha este canal de denuncias, seis de cada diez registró al menos una denuncia en los últimos 12 meses, aunque el 41% recibió menos de 10 denuncias.
Las razones son diversas, pero siempre relacionadas con la convivencia, transparencia económica o respeto por valores comunes como la protección del medio ambiente. Así, según este mismo estudio, la mitad de las denuncias en empresas españolas estaban vinculadas con conflictos entre el personal y que necesitaron de la intervención de recursos humanos, el 15% con violaciones de las normas sociales y los derechos humanos y el 13% con la corrupción.
El 21% de las empresas españolas todavía no cuenta con un canal de denuncias
Según el mismo estudio de EQS Group, el 79% de las empresas en nuestro país cuenta ya con un canal de denuncias. No obstante, España se encuentra 6 puntos por debajo de la media europea (85%) y de otros países como Francia (95%) o Alemania (82%). La principal motivación de estas empresas que han puesto en marcha medios para comunicar infracciones ha sido el cumplimiento de la ley (78%) seguido del interés por desarrollar una cultura corporativa o entorno más transparentes (66%).
Además, el 84% de estas poseen canales anónimos para denunciar infracciones, dato que reafirma el objetivo de la norma y de las políticas elegidas por estas empresas: los trabajadores necesitan medios seguros para señalar las infracciones normativas, de forma que no sientan que ponen en riesgo su puesto de trabajo o que cualquier compañero o superior pueda tomar represalias en su contra.
Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, los empleados no son los únicos con acceso a estas plataformas de denuncia, y el 79% de las compañías las pone también a disposición de proveedores, clientes, socios y accionistas, garantizando así una mayor transparencia en las relaciones de la compañía con sus stakeholders.
El 58% de las empresas ha realizado cambios en su estructura
En España, el hecho de implementar canales de denuncias ha sido ampliamente adoptado por las empresas, con el 75% de ellas habiéndolo establecido desde hace más de un año, en previsión de la Ley española que surge como resultado de la Directiva UE 2019/1937 de Protección de los Denunciantes, impulsada en 2019.
No obstante, esta anticipación y compromiso por parte de las empresas españolas se hace más evidente con el número de empresas que han implementado este canal de denuncias desde hace más de tres años, siendo el 50% de ellas. Al mismo tiempo, la encuesta refleja que el 58% de las empresas encuestadas han realizado cambios en su estructura y políticas internas para adaptarse adecuadamente a la Ley de Protección al Informante, demostrando así un compromiso continuo con la promoción de una cultura de denuncia y la protección de los denunciantes dentro del entorno empresarial.
“Aunque las empresas aún deben hacer un esfuerzo por cumplir con los requisitos de la Ley de Protección de Informantes, los datos sobre la adopción de un canal de denuncias son positivos y presentan un panorama empresarial comprometido con la transparencia y la protección de los valores éticos comunes, tanto a nivel europeo como en España. El siguiente reto al que se enfrentan las empresas paso será trabajar para reducir el número de denuncias, creando un entorno que garantice la convivencia dentro de las empresas, a la vez que mejora su relación con la sociedad con políticas honestas y promoviendo las buenas prácticas”, asegura Murray Grainger, Country Manager de EQS Group en España.
