La protección del consumidor frente a los posibles comportamientos fraudulentos de las empresas digitales es una de las prioridades de la Unión Europea. Durante el 2022, la Comisión Europea ha legislado para garantizar que se cumplan los derechos fundamentales de los usuarios. Algo necesario teniendo en cuenta que, según un estudio del INCIBE, más del 70% de las personas que se conectaron a internet sufrieron al menos una acción de malware.
En este sentido, la Unión Europea aprobó la Ley de Servicios Digitales, que entró en vigor en noviembre de 2022, con la que pretende “crear un espacio digital seguro para los usuarios y establecer unas condiciones de competencia equitativas para las empresas” según palabras de la Comisión Europea. Esta ley será de obligado cumplimiento a partir de mayo de 2023. Desde ese momento, los gigantes de Internet, también llamados gatekeepers, deberán atender a cualquier demanda sobre contenido ilícito, por parte de un particular o una empresa, en relación a la eliminación de contenido falso o ilegal. “El concepto primordial de esta ley es que lo que es ilegal en el mundo real debe serlo también en el virtual”, resumen fuentes de Anovo, empresa especializada en servicios de postventa tecnológica.
Según Anovo, “esta ley busca hacer frente a comportamientos por parte de las empresas digitales como la venta de productos falsos, con el usuario como principal favorecido de este decreto”. La Comisión Europea pone el foco en las grandes plataformas o motores de búsqueda, con más de 45 millones de visitas al mes.
La Unión Europea podrá exigir a estas plataformas que tomen medidas inmediatas para solucionar cualquier problema. Además, los propios usuarios podrán reclamar indemnizaciones sobre los daños que les provoque la infracción de esta ley. Una de las mayores novedades es que los gigantes de Internet podrán ser multados con hasta el 6% de la facturación global o con la suspensión temporal del servicio, en los casos más graves.
La DSA, por sus siglas en inglés, exigirá a estas grandes compañías cumplir una normativa bastante más estricta que la que existía anteriormente. Expertos de Anovo, revelan los cuatro puntos más importante que recoge esta ley:
Mayor transparencia en los algoritmos
La Unión Europea ha acuñado un nuevo término llamado “Responsabilidad Algorítmica”, por el cual podrán acceder al funcionamiento de los algoritmos de cada una de las plataformas. No solo los organismos gubernamentales, sino también los particulares, tendrán derecho a conocer bajo qué reglas reciben determinada publicidad, con el objetivo de conseguir una mayor claridad y transparencia en el mundo digital.
Falsificación de productos
Se fortalecerán los mecanismos de control para comprobar que los e-commerce que ofrecen productos y servicios en línea, cuenten con información fiable y veraz de cara a los consumidores. Entre otras cosas, con esto la Unión Europea pretende frenar la compra por Internet de productos falsificados, ya sea intencionada o basada en fraudes, que representa el 60% de las incautaciones en las aduanas de la UE, según un estudio de la EUIPO y de la OCDE.
Contenido ilegal
La ley de Servicios Digitales obligará a las plataformas digitales a habilitar un mecanismo aviso-acción, donde los usuarios podrán denunciar contenidos ilegales. Una vez se haya denunciado el contenido, las empresas tendrán la obligación de notificar al usuario la decisión y retirar de forma rápida los contenidos que se consideren ilegales. Este punto es de los que más controversia ha causado, ya que algunos sectores lo consideran una censura a la libertad de expresión.
Protección de datos para limitar la publicidad
La publicidad personalizada se verá limitada en favor de otorgar mayor control a los usuarios sobre sus propios datos. Con esta premisa, se prohibirá el uso de información sobre la religión, la orientación sexual o la ideología para segmentar los anuncios online. También se prohibirán las técnicas engañosas que buscan atraer a usuarios a adquirir productos o servicios, las llamadas dark patterns, como pueden ser los banners escondidos o la implantación de procesos costosos para darse de baja de una plataforma.
