La Ley de Creación y Crecimiento Empresas (Crea y Crece) fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 15 de septiembre y publicada en el BOE el 29 del mismo mes. El objetivo es facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión. La normativa está orientada a fomentar el dinamismo del tejido productivo y a dar respuesta a las demandas y recomendaciones de los diferentes organismos internacionales.
La ley impulsa la constitución de empresas y facilita su crecimiento y expansión, especialmente de las pymes, poniéndolas en el centro de la política económica. La mejora en el proceso de crecimiento empresarial es esencial para aumentar la productividad, la calidad del empleo y la internacionalización, elementos fundamentales para incrementar la competitividad de las empresas e impulsar el crecimiento económico, según destaca la aprobación de esta legislación por parte del Gobierno.
A continuación, vamos a repasar los puntos principales de la Ley Crea y Crece:
Capital social para crear una empresa
La eliminación de la exigencia de contar con 3.000 euros de capital social mínimo, va a permitir crear una sociedad de responsabilidad limitada con tan solo un euro. Para ello se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Esto va a suponer un abaratamiento de los costes de constitución.
No obstante, la nueva ley establece que al menos el 20% de los beneficios obtenidos desde la creación de la empresa deberán destinarse a una reserva legal, hasta que alcance – junto al capital social – los 3.000 euros. Actualmente es obligatorio destinar un 10% de los beneficios a la reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital social.
Además, con la nueva norma se ampliarán las opciones de los socios fundadores respecto al capital social que suscribirán en función de sus necesidades, según destaca Ce Consulting.
Morosidad
La norma, impulsada por el Gobierno, incluye medidas para avanzar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, una de las causas que más incidencia tiene en la liquidez y rentabilidad de muchas empresas españolas, con particular incidencia en las pymes.
Para ello, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.
Asimismo, se establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.
Financiación
Por un lado, la nueva ley introduce más flexibilidad para que las plataformas de micro financiación o crowdfunding presten sus servicios, adaptándose a la normativa europea.
Por otro lado, amplía el tipo de empresas en las que pueden invertir las entidades de capital riesgo. Esto facilita el acceso a financiación de empresas financieras con un componente tecnológico muy alto.
Se reconoce la figura de los llamados fondos de deuda, como impulso a las herramientas para aliviar la situación de endeudamiento de algunas empresas y facilitar su crecimiento.
Crecimiento de empresas
De forma adicional, el anteproyecto de ley mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.
Se modifica la ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia. Se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma.
Asimismo, se modifica la ley de garantía de unidad de mercado para reforzar la cooperación entre las diferentes administraciones públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores frente a medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.
