La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC) es una entidad creada para reunir a los afectados por actuaciones fraudulentas por parte de brókers o plataformas de inversión en criptomonedas. Está presidida por la abogada Emilia Zaballos quien, a mediados de junio, logó que los titulares de una plataforma de estafadores (P. S. M.) reconocieran su delito y se vieran forzados a devolver la cantidad defraudada a los afectados, antes del juicio.
La asociación formuló querella ante los Juzgados de Instrucción de Valencia por delitos de estafa, apropiación indebida y otros, contra P.S.M., persona física y la mercantil contra la que actuaba en representación de un grupo de afectados. El juzgado admitió la querella y procedió a señalar pruebas, dando traslado de la querella y citando a los querellados a declarar.
Ante el riesgo de condena en el procedimiento penal, los querellados, junto con sus letrados, llegaron a un acuerdo con los abogados de los afectados, representados por la AAIC. Con él se ha conseguido el resarcimiento a plena satisfacción de las pretensiones de todos los afectados representados. A cambio, la asociación retiró la querella después de recibir el pago.
“Estamos muy satisfechos, ya que nos encontramos ante el primer caso de satisfacción extrajudicial de los estafados conseguido la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas a favor de los afectados a los que representa tras el inicio de las acciones judiciales”, afirmó Emilia Zaballos.
“Se trata de un primer paso esperanzador, pero hay que seguir adelante defendiendo a los afectados. La única forma de conseguir que se haga justicia con este tipo de fraudes con criptomonedas es plantear querellas colectivas. Los estafadores aprovechan el vacío legal en el que se hallan las criptomonedas hasta que se apruebe el reglamento europeo que las regula, denominado MiCa. Es necesario que se cree un organismo regulador, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España, pero independiente, además de impulsar la especialización y formación de jueces y abogados en criptomonedas. Además, urge regular la publicidad engañosa, poner énfasis en la seguridad jurídica de las transacciones y fomentar la formación e información sobre las criptomonedas y la familiarización en su uso, por ejemplo, regulando los lugares desde los que se pueden realizar pequeñas transacciones”, concluyó Zaballos.
