Mientras el Ministerio de Economía ultima los cambios normativos para reducir la tasa de morosidad que ahoga a muchas empresas, especialmente a las pymes, el incumplimiento de los plazos de pago persiste, siendo una de las principales preocupaciones del tejido empresarial español.
Y es que, según el Informe Europeo de Pagos 2021 de Intrum, un elevado número de empresas estaría experimentando esta problemática, viéndose abocadas a financiar parte de sus operaciones para saldar las cuentas pendientes con sus clientes.
Tal y como muestra el estudio realizado por la compañía líder en gestión de impagados, los sectores de servicios empresariales y transporte y logística son, ahora mismo, los más afectados por estos retrasos, con unos plazos de pago medios de 64 y 62 días, respectivamente.
A pesar de que el tiempo de pago ha mejorado, ya que ambas industrias llegaban hasta los 90 y 75 días de media en 2020, todavía sigue siendo superior al marcado por la legislación. La Ley de Morosidad establece que el plazo de pago a proveedores es de 30 días naturales después de la fecha de recepción del producto o prestación de servicios, en caso de que no se haya fijado fecha de pago en el contrato. Un término que puede ampliarse mediante el pacto de ambas partes hasta los 60 días naturales tras la recepción de la factura.
Otros sectores que, aunque están viendo cumplir el segundo supuesto que marca la normativa, también están siendo testigos de elevados plazos son: tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones (60 días), energía, minería y servicios públicos (57 días), inmobiliario y construcción (55 días) y hostelería y ocio (54 días). Industrias, que, por otro lado, también han percibido una mejora en el último año. Sobre todo, hostelería y ocio, que ha experimentado una reducción media de 34 días, ya que en 2020 era uno de los sectores que tenía el plazo medio más alto con 88 días.
Media española y europea en el cobro de facturas para clientes B2B
En términos generales, el informe de Intrum refleja que el tiempo que tardan las empresas en pagar a sus proveedores es de 52 días, frente a los 65 de 2020. Una cifra que deja a España al mismo nivel que la media europea, y como una de las regiones con plazos menos extensos junto a Reino Unido e Italia (también con 52 días de promedio), Alemania (53 días) o Francia (50 días).
Prestando atención al total europeo a partir de las más de 11.000 compañías encuestadas, se percibe que ninguno de los 29 países analizados supera, de media, los 60 días, aunque hay algunos que se quedan muy cerca. Es el caso de Bulgaria o Grecia, con 58 y 57 días, respectivamente.
Las razones que justifican estos datos se fundamentan en una mayor posición defensiva de las entidades frente a los impagos, a raíz del impacto financiero de la pandemia experimentado en 2020. De hecho, según este estudio, el número de compañías que reconoce haber aceptado plazos de pago más largos para no dañar la relación con sus clientes ha bajado del 80% en 2020 al 46% de este año.
Algo normal, teniendo en cuenta el previsible incremento de la morosidad ante el fin de las ayudas y de las medidas decretadas por el Gobierno, que está llevando a las empresas a tomar un mayor control de su flujo de caja, apostando por políticas de cobro rigurosas que ayuden a no sufrir retrasos en los pagos de clientes.
