Hace unos días, el Consejo de Ministros presentó el esperado informe del Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, orientado a fomentar la creación y relocalización de empresas emergentes en España. Uno de los grandes objetivos de este proyecto es atraer a nuestro país el talento y capital internacional para el desarrollo de un ecosistema emprendedor, según podemos leer en la web oficial.
Con esta nueva propuesta normativa, el Gobierno quiere regular y flexibilizar todas las actividades que las empresas emergentes tienen que llevar a cabo con la Administración a lo largo de su ciclo de vida, en particular en sus primeras etapas. La gran cantidad de burocracia para abrir una empresa innovadora de reciente creación es una de las principales quejas de los emprendedores, quienes se ven penalizados con respecto a otras pymes, en aspectos como la fiscalidad o el trámite de visados cuya regulación contempla el anteproyecto.
Según indican desde Moncloa, «el texto sometido ahora a audiencia pública se dirige a todas las empresas o emprendedores de nueva creación y grupos de empresas ‘emergentes’, con sede social o establecimiento permanente en España, que no hayan distribuido dividendos, no cotizadas y de carácter innovador. Además, se recogen los criterios indicativos de dicho carácter innovador, englobando los conceptos hasta ahora existentes en diferentes normas de ‘empresas de base tecnológica’, ‘pymes innovadoras’ o ‘jóvenes empresas innovadoras’.
Puntos que aborda el anteproyecto
- Estimular la inversión y la atracción de talento. El Gobierno se compromete a reducir a las startups el tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes. También se incluye la posibilidad de que las startups soliciten el aplazamiento de la deuda de dichos impuestos y elevar el importe de la exención de las stock options, hasta los 45.000 euros anuales. Por último, en este apartado se contempla la creación de un régimen tributario específico para los nómadas digitales.
- Favorecer la colaboración entre pymes, grandes compañías y empresas emergentes.
- Impulsar la I+D+i, también en la Administración mediante compra pública innovadora. Se eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 40%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de 3 a 5 años, con carácter general, o a 7 para empresas de ciertos sectores.
- Fomentar la colaboración de las empresas emergentes y los emprendedores con las Universidades y centros de investigación.
- Agilizar la burocracia. Se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes en los dos años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva. Además, el anteproyecto incluye la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, y se agilizan los trámites para el cese de actividad, que se cumplimentarán por vía electrónica.
