Nada une más que un objetivo común, sino que se lo digan a las CC.AA. y su deseo de tener voz y voto en el reparto y gestión de los fondos europeos de reconstrucción. Como hemos repetido ya en varios artículos, a nuestro país «le tocan» nada más y nada menos que 140.000 millones de euros, un bocado muy sabroso sobre el que todo el mundo quiere decidir.
Sin embargo, por mucho poder de decisión que tengan los gobiernos autonómicos, siempre van a estar un paso por detrás del central, quien parece que les prometió cierto poder de decisión que, hasta ahora, no le han dado. Según dicen en La Información, varios consejeros de Hacienda (algunos del PSOE) se han quejado de que el gobierno central quiere convertirlos en «meros gestores», sin poder de decisión, de los mecanismos de los PERTE.
Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) estarán determinados por un comité que depende, directamente, de la Presidencia del Gobierno. De esta manera, la toma de decisiones será exclusivamente de Moncloa, dejando a las autonomías sin más capacidad que la de ejecución.
Parece ser que el Ministerio de Hacienda prometió a los regionales que actuarían en coordinación y cogobernanza, una promesa que se habría convertido en humo.
Las autonomías, enfadadas
Desde la Junta de Andalucía lamentan que «a estas alturas, no sabemos cómo se van a decidir esos proyectos estratégicos y el Gobierno no nos ha proporcionado ninguna información más allá de la presentación del plan«. Por su parte, Madrid también critica «la manera en la que se están llevando a cabo los procesos previos del Plan no responden a ningún modelo de cogobernanza ni de nada».
Desde Euskadi también denuncian la ausencia de consulta previa para decidir los PERTE y que el Plan de Reconstrucción que se prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros no cuenta con aportaciones de los gobiernos autonómicos. Varias autonomías del PSOE también expresaron su disconformidad con este esquema diseñado por el Gobierno de Sánchez. Es el caso de Aragón y Asturias, quejosas con la «complejidad» del mecanismo, y Extremadura, que se opone a la «planificación» y «coordinación» del mismo, según indican desde La Información.
Por su parte, el Gobierno central ha defendido su postura indicando que los gobiernos autonómicos no han entendido la función de coordinación de la Conferencia Sectorial: «No es un foro para repartir dinero«, señala una fuente gubernamental. «No funciona así. De lo que se trata es de garantizar la consecución de unos objetivos«.
