AECOR y FIAB celebraron hace unos días el III Congreso AECOC de Desarrollo Sostenible, donde han aprovechado para reclamar su parte en el reparto de los Fondos Europeos de Reconstrucción. “En 2008, los rescates se utilizaron para construir aceras; por suerte, esta vez la Unión Europea exige que los fondos de recuperación vayan a proyectos para la mejora de la sostenibilidad de los diferentes sectores productivos”, indicó Eduardo de Miguel, director de la Fundación Global Nature.
Por su parte, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha citado los cálculos de la propia asociación, que cifran en un 4,8% del PIB los recursos económicos que deberían destinarse en los próximos cuatro años para acometer la transición ecológica. “Dinero hay, pero hacen falta nuevos liderazgos políticos, empresariales y sociales”. En este sentido, la directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, ha reclamado “coliderazgo y espacios de debate compartidos para no convertir la oportunidad de los fondos en un gran riesgo”.
Ruiz ha incidido en que buena parte de estos fondos deben dirigirse al sector agrario y rural para “producir mejor los alimentos y, como ciudadanos, consumir y comprar productos realmente sostenibles”.
El cofundador y director de Ecología y Desarrollo, Víctor Viñuales, por su parte, ha considerado que los Fondos Next Generation “deben enfocarse como la salida a las cuatro crisis que hoy tenemos: sanitaria, económica, social y medioambiental”.
Viñuales también ha pedido a las empresas prestar mayor atención a las alertas de las asociaciones del tercer sector para evitar los efectos del cambio climático. “En España, el verano ha crecido cinco semanas en 40 años y se ha desertificado una superficie equivalente a Galicia; estamos enviando naves a Marte para ver si hay signos de vida, pero aquí vemos constantes signos de decaimiento de la misma vida”.
Ruiz ha reforzado el argumento, recordando que, siguiendo la tendencia actual, más del 50% del país podría desertificarse en los próximos años. “Si las asociaciones del tercer sector seguimos predicando en el desierto, España acabará siendo el desierto de Europa”, ha apuntado, recordando efecto que la sequía tiene sobre la productividad de la tierra y la disponibilidad de agua.
El consumidor y el coste de la sostenibilidad
Uno de los ejes de debate del III Congreso de Desarrollo Sostenible ha sido el papel que deben jugar los consumidores ante el objetivo de cumplir los objetivos de sostenibilidad. Las asociaciones de consumidores participantes en el evento han dado respuesta a un aspecto clave, como es el precio que los ciudadanos están dispuestos a asumir para consumir productos más respetuosos con el medio ambiente. “El sobrecoste de los artículos sostenibles supone un freno para el 58% de los compradores; aún así, el 10% estaría dispuesto a pagar un sobrecoste sin condiciones, el 36% no tendría inconvenientes en pagar un poco más y el 24% asumiría el incremento de precio para cuestiones con las que están concienciados”, resume la directora de comunicación de la OCU, Ileana Izverniceanu.
La directora de relaciones institucionales de Hispacoop, Carmen Redondo, considera que la clave está en mostrar al consumidor el valor añadido en materia de sostenibilidad que aportan los productos. “Los ciudadanos están dispuestos a asumir el coste de la sostenibilidad si ven que con sus decisiones de compra reducen el impacto medioambiental”, resume. Por eso, Redondo reclama a las empresas aportar “información veraz y transparente sobre los beneficios de su oferta en materia de sostenibilidad”.
El presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, Fernando Móner, también apunta a la comunicación como la clave para que los ciudadanos aumenten su apuesta por un modelo de consumo sostenible. “Debemos trasladar a los consumidores qué significa la responsabilidad social en términos medioambientales y de cuidado de nuestro propio entorno para añadir valor”. Aun así, Móner reconoce que el efecto tanto de la última crisis económica como de la actual crisis del coronavirus sobre el bolsillo de los consumidores supone “un lastre” en esta apuesta por el consumo sostenible.
