Los retrasos en los pagos en el mundo empresarial están a la orden del día en tiempos de pandemia. Esta situación, junto a la demora en la reforma de la ley de lucha contra la morosidad, está llevando a las empresas españolas a un cambio de comportamiento con el objetivo de construir una cultura de pago sostenible que beneficie a todo el tejido productivo.
Prueba de ello es que, según apunta el Informe Europeo de Pagos de Intrum, empresa líder en gestión y prevención de impagos, casi la mitad de las empresas españolas (48%) ya cuenta con un código ético que fomente el pronto pago, 11 puntos por encima de la media europea (37%).
De este modo, España se sitúa entre los cuatro países europeos cuyas empresas son más proclives a poner en marcha iniciativas para favorecer el pronto pago, al mismo nivel que Noruega y Reino Unido (48%). Por encima de ellas, encabezando el ranking, se encuentran las compañías suizas, donde la mitad de ellas (50%) aplica estas medidas.
Otro cambio en el comportamiento del tejido empresarial se observa en la aplicación de los intereses de demora a las facturas impagadas. Se trata de un derecho recogido en la directiva europea antimorosidad por el que las empresas pueden aplicar un recargo de 40 euros a las facturas impagadas.
A pesar de que este derecho lleva varios años recogido en la directiva, tan solo el 5% de las empresas españolas aplicaba este recargo en 2019. Un año después, este porcentaje ha aumentado 23 puntos porcentuales, siendo el 28% de las compañías encuestadas las que reconocen hacer uso de este derecho, motivado, entre otras causas, por la crisis de la pandemia y el mayor conocimiento de la directiva europea.
El desafío de la morosidad
Y es que, la morosidad sigue siendo un desafío para el tejido empresarial. Según revela el último Barómetro de la Pyme, desarrollado por Cepyme, la crisis desatada por la pandemia ha reducido los ingresos del 92% de las pequeñas y medianas empresas. Una caída que en el 40% de los casos ha sido de la mitad de sus ingresos.
Esta situación ha llevado a que 9 de cada 10 pymes españolas hayan recibido peticiones para alargar sus plazos de cobro en el último año. En concreto, el 79% de las solicitudes se realizaron desde una gran compañía, mientras que el 75% provenía de otra pequeña o mediana empresa y el 30% del sector público.
Unos datos causados por la pandemia que contrastan con las intenciones de las compañías, pues 8 de cada 10 encuestadas reconocen que los pagos a tiempo son claves para mantener la confianza de socios y proveedores. Por ello, es primordial inyectar liquidez al sistema a fin de mejorar la competitividad y productividad de las organizaciones de todos los tamaños y reducir así la necesidad de endeudamiento financiero y evitar que se rompa la cadena de pagos.
Ahora más que nunca es importante que las empresas conozcan y apliquen los derechos que la normativa antimorosidad pone a su disposición para prevenir impagos. Este factor, junto al apoyo de servicios especializados en la recuperación de la deuda, hará que el tejido empresarial mejore su liquidez y esté más preparado para afrontar la incertidumbre actual.
