Más de 82.000 autónomos y profesionales del ámbito sanitario se han integrado en los últimos meses en esta sectorial sanitaria creada por ATA en 2018 y cuyo objetivo primordial es la defensa del profesional sanitario en su actividad privada. Coordinada actualmente por el Consejo Gral. de Farmacéuticos, y sumados a los 25.000 autónomos farmacéuticos que ya la conformaban, tras los recientes acuerdos de colaboración con los Consejos nacionales de Medicina, Fisioterapia y Podología, la sectorial acoge a más de 107.000 autónomos del área sanitaria. España cuenta con 119.408 autónomos de este sector, por lo que la gran mayoría están integrados en ATA.
Estos profesionales, cuya labor ha sido públicamente reconocida y aplaudida por la sociedad por su implicación profesional han mantenido abiertas sus clínicas y farmacias al ser considerados servicios esenciales a pesar de las limitaciones; han seguido dispensando medicamentos pese a la terrible morosidad que vivieron y se han ofrecido a colaborar para reforzar la prevención y el rastreo de los pacientes con COVID-19.
Junto con los confinamientos, las muchas restricciones han mermado sustancialmente sus clientes e ingresos y, sin embargo, han tenido que seguir pagando los gastos de arrendamientos, salarios, cuota de autónomos, impuestos municipales… Situación económica que en el caso de médicos, fisioterapeutas y podólogos se ve empeorada por su relación profesional con las compañías sanitarias privadas que operan en nuestro país, ya que la mayoría de ellas mantienen unos baremos en el pago de sus servicios completamente desfasados, sin actualizar IPC desde hace más de 30 años, y que no cubren siquiera los costes de la consulta.
Sirva como ejemplo los 5 euros de media que una compañía privada paga al profesional por una sesión de fisioterapia, entre 8 y 12 € por una consulta de medicina general o unos 40 € por una intervención de fimosis. En el ámbito de la podología, estas entidades abonan entre 4 y 10 € a un podólogo por un servicio sanitario y además les impide la posibilidad de hacer cualquier cirugía con cargo a ellas.
Comisión de defensa del colectivo médico
La actualización de estos precios congelados desde hace más de tres décadas será, entre otros asuntos, uno de los objetivos fundamentales de esta comisión en defensa de un colectivo que aporta sus conocimientos y su responsabilidad y que cada día trabaja por mejorar nuestra salud. Desde ATA también se ha trabajado para impedir la subida del IVA del 21 % de los servicios sanitarios que propuso el Gobierno el pasado mes de octubre y que hubiera enviado a muchos de estos profesionales a la economía sumergida o al desempleo a pesar de que ejercen actividades esenciales en estos momentos.
Finalmente, la sectorial también trabaja en otros aspectos del trabajo autónomo que les son propios y referidos a sus bases de cotización, impuestos y estatutos propios. Para ATA, en palabras de su presidente Lorenzo Amor, “es primordial trabajar por mejorar las condiciones laborales de este colectivo, no solo como trabajadores autónomos sino también como profesionales de la salud y especialmente en la defensa de unas tarifas dignas y actualizadas en los conciertos con las compañías sanitarias, uno de los principales problemas del colectivo y que se defenderá desde la sectorial de sanidad de nuestra organización. También estamos apoyando un mayor protagonismo de las oficinas de farmacia y de los profesionales farmacéuticos en la gestión de esta crisis, a través de la realización de test, el rastreo y dotar de mayor trazabilidad digital al sistema de salud para ello. En la época en la que vivimos no podemos permitir que se juegue con la salud».
