En el contexto de las medidas que pretende impulsar el Gobierno para el desarrollo digital en España, dentro del plan España Nación Emprendedora, en el que hay 50 medidas para impulsar las startups y su ecosistema, entra en juego la Ley de Startups.
Y es que, acelerar el crecimiento de las inversiones en startups para situar a España a la altura de países líderes, como Francia y Alemania es la primera de las cuatro patas del plan.
«Creemos que el emprendimiento encabezará la transformación de nuestro modelo económico, social y medioambiental. Por eso hemos nombrado un Alto Comisionado para España Nación Emprendedora (Francisco Polo). Una posición de nueva creación», aseguraba Pedro Sánchez hace un par de semanas durante su intervención en el Web Summit.
Emprendedores e inversores llevan tiempo reclamando un marco jurídico que defina con claridad qué es una startup y cuál es su naturaleza jurídica. El objetivo es reducir la burocracia administrativa en estas empresas de carácter tecnológico para evitar que surjan desigualdades frente a otras sociedades mercantiles. Después de cinco años de reclamaciones, parece que en 2021 por fin podrá empezar a dinamizarse el sector con esta legislación.
La AES valora la ley positivamente
“Hablamos de más de 4.000 startups que se verían beneficiadas y decenas de miles de personas que trabajan en ellas. Por no mencionar que, de salir adelante, se crearán nuevas startups, se atraerá a inversores y se recuperará tanto el talento nacional que se ha ido al extranjero, como el internacional, y por supuesto se generará riqueza y empleo”, explican desde la Asociación Española de Startups (AES), en declaraciones que recoge Merca2. Y todo, después de un año “raro”, en el que probablemente hayan muerto algunas startups por la situación económica.
Para la AES, este año se divide en dos etapas. En la primera se formó el Gobierno, pero ni siquiera les había dado tiempo a ponerse en marcha cuando irrumpió la pandemia. A esa altura, la asociación se centró en pedir un plan específico de acción para startups, como el que sacó adelante Alemania o Francia, con ayudas específicas para ellas.
“Los avales del ICO funcionan para grandes y medianas empresas, pero no para startups” comentan. Su petición no tuvo recorrido, y volvieron a quedarse sin ayudas. Más que nada, porque sin una ley que les respalde y reconozca su singularidad, es bastante difícil. Pues como siempre han defendido, al principio una startup “no es una empresa, está a medio camino y el marco jurídico no se adecua muy bien”.
El Gobierno recupera sus planes
A medida que ha pasado el tiempo y se ha aprendido a convivir con la pandemia, el Gobierno ha recuperado “poco a poco sus planes iniciales», destacan desde la asociación. Y es aquí donde se inicia la segunda etapa.
«Es nuestra razón de ser, por la que nacimos como asociación y lo que llevamos pidiendo desde hace años”, defienden. “Es necesario para que se reconozca nuestra singularidad, porque cuando nacemos, puede que acabemos siendo empresa, o no». El modelo de negocio es diferente a una pyme o una empresa grande, y la ley “debe otorgar un sello startup”, para que se registren y se reconozca que son de aplicación una serie de políticas públicas que son las que hay que definir en la ley.
La Asociación Española de Startups ve importante que haya bonificaciones fiscales para inversores y business angels, que se aprueben medidas concretas y se desarrollen políticas específicas para estas compañías.
Por ejemplo, “se necesita mejorar la fiscalidad de las stock option”. Hacienda puede justificar que hace 25 años acabaran con ello porque algunas empresas se aprovechaban y era un agujero que había que tapar, “pero no entienden que la startup lo necesitan por su modelo empresarial, tienen que remunerar con acciones porque no hay dinero para pagar”.
Esta y otras muchas medidas, es lo que durante más de tres años han peleado en la AES. Desde donde han trabajado recopilando medidas, ordenándolas y haciendo propuestas. En 2018, durante el primer gobierno de Pedro Sánchez -el de la moción de censura- con Paco Polo de secretario de Estado para el Avance Digital, se sacó a consulta pública cual debería ser el contenido de una Ley de Startups. Pero apenas dos meses después se disolvieron las cortes y no se puedo avanzar.
Cinco ministerios
La ley tiene que recibir el visto bueno de cinco ministerios. El de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que es quien lo impulsa. El de Hacienda y el de Seguridad Social por la fiscalidad, el de Industria, para recoger la visión del ecosistema emprendedor y porque además, cuenta con instrumentos como Enisa para financiar innovación. Sin olvidar, al de Ciencia e Innovación por su propia naturaleza.
Una vez recibido el visto bueno, pasará de nuevo a consulta pública para recoger la opinión de la ciudadanía e irá al Consejo de Ministros como anteproyecto de ley. “Es un proceso largo, y pueden pasar meses. Además, no es urgente”. Pese a ello confían en que después de años trabajando, este 2021 salga adelante, pues hay “bastante consenso político”.
Además, les consta que Nadia Calviño quiere aprobar la ley y esto “es importante, porque por encima de todo está la voluntad de un ministro para que una ley salga adelante”. Por parte de las asociaciones, hay “un optimismo moderado en este 2021” y aunque es difícil poner fecha, confían en el primer trimestre del año.
