Al Gobierno le crecen los problemas a cada paso que da. Si bien parece el riesgo sanitario está descendiendo en nuestro país, no lo hacen ni el económico ni el social, que crecen a pasos agigantados.
En este sentido, los últimos en alzar la voz han sido empresarios del sector hostelero que, entre otras cosas, han criticado que el Gobierno no les haya consultado las medidas impuestas al sector en el plan de desescalada. Estos empresarios se unen a otros profesionales, como es el sector bancario y a otros grupos políticos en su denuncia de que se enteran de las medidas que les afectan por la televisión.
Así, y a la espera de la publicación en el BOE de las últimas medidas adoptadas, un total de 130 hosteleros de toda España han firmado un comunicado donde poner de manifiesto «su más profundo malestar con las medidas anunciadas por el ejecutivo».
En primer lugar, los empresarios indican que los efectos del COVID-19 va a ser especialmente agresivo con «aquellos que menos músculo financiero tienen: establecimientos pequeños, con escasa solvencia, con dependencia de la rotación más que de los márgenes: locales de superficie escasa, de alquiler y con necesidad de gran afluencia para obtener beneficios».
Estos empresarios, que dan empleo a más de 3.129 personas y representan más de 370 locales por todo el territorio, creen que tanto la reducción de aforo como las inversiones que propone el gobierno son «ridículas» y llevará a que muchos no podrán soportar la caída del rendimiento o tendrán que subir muchos los precios.
Por ello, los firmantes del manifiesto exponen lo siguiente:
- Que los hosteleros sean reintegrados por la totalidad de los alquileres abonados a partir de la adopción del Estado de Alarma o que, subsidiariamente, en caso de que haya hosteleros que todavía no hubieran abonado estas cantidades se les declare exentos de cumplir tal obligación.
- Que la exención del pago de los alquileres se prolongue hasta la reapertura de los locales de negocio, aún cuando esta se produzca en una fecha posterior a la del final del Estado de Alarma.
- También demandan que el gobierno las garantice la posibilidad de continuar en las condiciones que garantiza la figura jurídica del ERTE por causa mayor, hasta que el sector dé señales de recuperación, en el corto y medio plazo.
- Que se garantice y facilite la realización de tests de diagnóstico a todos los profesionales de este sector.
«La pandemia es una circunstancia sobrevenida, externa e imprevisible y supone por sí misma una alteración de las obligaciones contractuales que no tiene por qué ser soportada por una sola de las partes; de lo contrario, se rompería el equilibrio contractual que la norma persigue», indican.
Por todo lo anterior «proponemos que el gobierno favorezca que los arrendatarios de locales de negocio puedan proponer al arrendador una revisión de las condiciones mientras dure, o haya durado, la situación excepcional que se deriva de la declaración del Estado de Alarma. Y que esto se puede extender no solo al arrendador de los locales sino también a otros proveedores y suministradores».
Peticiones a la administración local
Por otro lado, el sector también pide que los ayuntamientos contribuyan a paliar la crisis que vive nuestro sector y que preparen baterías de medidas de carácter fiscal de carácter inmediato (como exención de tasas, IBI, ayudas directas al pago de alquiler…) y que trabajen para impedir la destrucción del tejido productivo.
«En definitiva, es evidente que la hostelería española no puede abrir en las condiciones que propone el gobierno y por ello queremos dejar claro que los hosteleros no abriremos nuestros locales de negocio hasta que las medidas que se adopten sean sensatas, razonables y eficientes, y por ende, contribuyan a la reconstrucción de un sector que aporta más del 7% del PIB de nuestro país».
Esperamos que la falta de consideración que ha mostrado el gobierno respecto de nuestra opinión sea enmendada en los próximos días pero hasta entonces queremos dejar claro que la hostelería española permanecerá cerrada.
