El pasado 18 de abril finalizó el plazo para que todas las administraciones públicas europeas comenzaran a operar con factura electrónica. A día de hoy, todavía hay países que no se han adaptado del todo y, previsiblemente, la Comisión Europea les impondrá sanciones por ello.
Desde hace años la factura electrónica es un elemento tecnológico prioritario dentro de Agenda Digital Europea y se considera una herramienta tractora y facilitadora de las relaciones comerciales internas entre los distintos países de la UE.
Dentro de este impulso para implantar la factura electrónica en todos los países miembros, la directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo establecía, para el 18 de abril de 2019, la obligación de facturar electrónicamente a autoridades centrales de los Estados miembros y una prórroga de un año, hasta el 18 d abril de 2020, para la adopción de la e-factura por parte de las entidades locales y regionales. De esta manera, a partir de esta fecha, todos los organismos públicos de los Estados miembros de la Unión deberán operar con factura electrónica.
Retrasos
2019 marcó un antes y un después con relación al uso de la factura electrónica en la Unión Europea ya que todos los países de la UE deben de utilizar el formato EN 16931 en las facturas electrónicas de las contrataciones públicas. Sin embargo, esta adopción no siempre ha sido fácil y por ese motivo números países han hecho uso de esta prórroga.
Además, en países como Bulgaria, a día de hoy, no existe ninguna legislación vigente que transponga la directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Mientras que Grecia ha anunciado que pospondrá la implementación de la factura electrónica en sus contrataciones públicas. Ante esta situación, la Comisión Europea podría imponer sanciones.
La factura electrónica en España
Con el objetivo de lograr una uniformidad en los servicios proporcionados a los ciudadanos y mejorar su eficiencia y eficacia, el Gobierno español decidió impulsar el uso de la factura electrónica en el país, a través de un modelo que empujara a todas las administraciones públicas hacia la transformación digital.
A finales de 2013 se aprobó la Ley 25/2013 de 23 de diciembre, que supuso no sólo el impulso del nuevo modelo de facturación electrónica en el tejido empresarial español, sino también establecía la obligatoriedad, a partir del 15 de enero de 2015, para todas las AAPP de recibir y procesar facturas electrónicas con importe superior a 5.000 euros.
Según Alberto Redondo, director de Marketing & Mass Market para Iberia y LATAM de Seres, “esta iniciativa ha permitido que España se encuentre entre los países europeos líderes en administración electrónica y, gracias a ella, tanto el sector público como el privado disfrutan hoy de las múltiples ventajas que ofrece la factura electrónica».
