Hace un par de años, nuestros compañeros de MCPRO nos contaban que la Administración llevaba un tiempo trabajando para lanzar la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que, finalmente, vio la luz el 9 de marzo de 2018. Esta normativa afectaba a todas las licitaciones que se sacaban a concurso para las empresas privadas, además de los contratos menores con la Administración. Era una ley compleja que modificaba sustancialmente la forma de gestionar los contratos y que era de vital importancia entender.
Los objetivos que se perseguían merecían la pena tal esfuerzo: eliminar el concepto de la oferta más ventajosa económicamente para optar a la de mejor relación calidad-precio; dar más oportunidades a las pymes y, sobre todo, digitalizar una parte de la Administración que, no solo es muy potente económicamente (mueve cifras que equivalen al 13% del PIB español) sino que a nivel de información, los datos que generan son de incalculable valor.
De hecho, la licitación electrónica era obligatoria desde 2016 para todos aquellos que quisieran optar a concursos públicos, con el objetivo de dotar de más legalidad, eficiencia y transparencia a a tramitación de los expedientes. Con la nueva LCSP se pretendía dar el impulso definitivo a algo que estaba tardando en arrancar. Estaba claro que habría un periodo de transición para que todas las partes se pusieran al día en su forma de proceder, ahora bien, ¿cuatro años no son suficientes? Pues parece que no.
Según fuentes consultadas por El País, a día de hoy, solo el 7% de los trámites de adjudicaciones y licitaciones se ha hecho vía online (recordamos que es algo, a priori, obligatorio). Pero, además del retraso del cumplimiento de la Agenda Digital y la pérdida de información valiosa que esto supone, la gestión «analógica» de las compras públicas nos demuestra una realidad mucho más preocupante: la opacidad que existe en la contratación de bienes y servicios.
Y, como suele pasar, «no puedes esconder el humo si has encendido fuego» y la oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) ha enviado un informe a la Comisión Europea alertando de la presencia de importantes irregularidades en los contratos públicos en nuestro país. Y eso que, como hemos dicho, no ha podido acceder a los datos del grueso del servicio por no estar digitalizado.
Entre otras cosas, según El País, la oficina concluye que más de la mitad de los contratos públicos que se firman tienen «desviaciones desproporcionadas» entre el precio de salida que pone la Administración y por el que finalmente es adjudicado. Esto, de forma genera, pero, ¿qué pasa con la contratación menor? es decir, la que se da directamente, a dedo, que es totalmente legal porque es menor cuantía y en situaciones donde la contratación tiene que ser rápida. Pues pasa exactamente, lo mismo, la mitad de ella tiene desviaciones desproporcionadas.
El informe de Oirescon es muy duro con las Administraciones española y critica especialmente que recurran al fraccionamiento de contratos para los mismos servicios «de forma reiterada». También reprocha que la duración de los contratos suelen superar lo previsto legalmente, exceden los importes adjudicados o incumplen la obligación legal de solicitar tres ofertas para los contratos menores.
Las consecuencias de todo esto es que se reduce la tensión «competitiva y facilita que la Administración de turno entregue el encargo a una empresa próxima. De esta manera, algo que muchas veces se hace por simple comodidad puede incluso acabar degenerando en algún tipo de corrupción«, según dicen en El País.
Las adjudicaciones TIC en 2019
Según publican nuestros compañeros de MuyCanal, 2019 cerró con 9.842 adjudicaciones TIC que generaron un volumen de negocio de casi 3.100 millones de euros, según los datos de Adjudicaciones TIC. la plataforma que recoge licitaciones y adjudicaciones públicas con base tecnológica. Siendo datos muy cuantiosos se quedan en importe por debajo del dado en 2018, pese a que el número de adjudicaciones fue mayor.
Mientras la cifra adjudicada durante 2019 fue de un 7% menos que en 2018, el número de proyectos se incrementó un 6,27%. Unos datos que fueron especialmente bajos en diciembre cuando no se llegó ni a los 170 millones de euros frente a los más de 278 millones del 2018.
En 2019 fueron los proyectos tecnológicos nacionales de Red.es o el gobierno central los más caudalosos, seguidos de lo conseguido en Cataluña con más de 1.681 adjudicaciones TIC en todo el año. Muy por debajo se quedaron otras comunidades, como Madrid, País Vasco o Andalucía. Con respecto a las empresas más «bendecidas» por la Administración, tampoco hay sorpresas: Telefónica, Indra, IECISA, Vodafone y T-Systems destacan, en este orden, como los principales proveedores.
