El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes en el Consejo de Ministros los proyectos de ley para la creación de los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, con los que se prevé recaudar 1.200 y 850 millones de euros, respectivamente, y que iniciarán después su tramitación parlamentaria en el Congreso, según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda.
El Ejecutivo dará luz verde en el Consejo de Ministros a sendos impuestos tras haber sometido los anteproyectos de ley, aprobados el pasado mes de octubre, a trámite de consulta pública para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración del proyecto normativo
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como «tasa Google», gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
En concreto, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad on-line, servicios de intermediación on-line y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Desde el Ejecutivo se argumenta que este gravamen se crea porque hay ingresos obtenidos en España por grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal.
Quedan excluidas del gravamen la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación on-line las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen del impuesto determinados servicios financieros como los que proporcionan muchas fintech.
Transacciones financieras
Igualmente, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley que crea el «Impuesto sobre las Transacciones Financieras», conocido como «tasa Tobin», que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto.
Quedan fuera del ámbito de la ‘tasa Tobin’ la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.
Lo que no aprobará el Consejo de Ministros este viernes es el proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recogía un amplio abanico de medidas, han apuntado fuentes de Hacienda. Entre otras, incluirá la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales, el reforzamiento de la lista de morosos con los responsables solidarios y la aparición de los deudores a partir de 600.000 euros (ahora es un millón), la prohibición de amnistías fiscales y la adopción de medidas internacionales de lucha contra el fraude. Con todas estas medidas, prevé recaudar 500 millones de euros extra.
