La llegada al Gobierno de Pedro Sánchez se va a traducir en los próximos meses en grandes novedades fiscales. En las últimas semanas hemos visto cómo algunas de las ministras del nuevo ejecutivo socialista han anunciado su intención de introducir nuevos impuestos y reformar la tributación de colectivos como autónomos o grandes empresas. En este especial recogemos las principales novedades y qué cabe esperar de esta nueva fiscalidad que viene.
Tasa Google y a la banca para pagar las pensiones
De todas las novedades en materia fiscal que podrían entrar en vigor a lo largo de los próximos meses, la conocida como «tasa Google» es la que tendrá un recorrido parlamentario más sencillo. El nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas que no declaran todos sus ingresos en España, tiene el visto bueno del Partido Popular, que empezó a esbozar la nueba medida en la anterior legislatura. Las previsiones del PP en este sentido apuntan a que Hacienda podría recaudar hasta 2.100 millones de euros en sus dos primeros años de aplicación.
Una de las compañías que ya ha declarado que no se opondría a la nueva tasa es Telefónica. La multinacional española ha indicado por medio de su directora de finanzas, Laura Abasolo, que el nuevo impuesto puede servir como «catalizador» para adaptar la fiscalidad al mundo digital: «Las reglas están hechas para impuestos de una vida analógica, no digital. Desde nuestro punto de vista se están produciendo ciertas ineficiencias tributarias y lo que pueda ayudar esta tasa a equilibrarlo, no lo vemos con malos ojos». Sin embargo también ha recalcado que el nuevo impuesto debería nacer con un mayor consenso, en un esfuerzo coordinado entre todos los miembros de la UE.
La otra tasa que se perfila en este terreno es un nuevo impuesto a la banca del que se estima que podría traducirse en una recaudación entre 800 millones y 1.000 millones de euros anuales. Según los cálculos de UBS, el nuevo impuesto podría costar entre un 6%-7% de los beneficios consolidados del sector, que ya ha avisado que podría repercutir sobre el acceso al crédito.
Freno a las deducciones e Impuesto de Sociedades del 15%
Aunque la mayoría de las pymes pagan un Impuesto de Sociedades del 25%, en el caso de las grandes empresas y debido a las distintas deducciones a las que pueden acogerse, se calcula que el tipo medio que están pagando estas empresas es del 12%, lo que representa poco más de la mitad de lo que pagan sus asalariados en concepto de IRPF.
En este terreno, la de ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propone evitar la «arquitectura de deducciones» que hace que las grandes empresas reduzcan mucho el tipo por el que tributan, de tal manera que el planteamiento del Gobierno pasa por establecer un tipo mínimo, a partir del cual las grandes empresas no puedan efectuarse deducciones. La idea es que ese tipo sea del 15%, que aunque sigue estando lejos de ese 25% nominal, no llegue al 7,5% por el que llegan a tributar algunas multinacionales.
La medida que ya ha sido criticada por grandes corporaciones y organizaciones empresariales, ha encontrado el respaldo del Defensor del Pueblo, que ha denunciado que en realidad, quien más sufre los impuestos en este país son todos aquellos cuyo salario depende de una nómina. En este sentido Francisco Fernández Marugán, ha afirmado en la presentación del libro «El fraude fiscal en España», que son los asalariados y las clases medias quienes pagan los impuestos y que el sistema tributario «sangra» a aquellos que «están cogidos por la nómina», al mismo tiempo que ha señalado que la carga fiscal «está mal distribuida».
Autónomos y cotización por ingresos reales
La otra gran novedad fiscal que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez, afectará directamente a los autónomos. Lo contamos hace unos días en MuyPymes: el Gobierno trabajará para que los autónomos coticen por sus ingresos reales.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, adelantó que “lo suyo sería que hubiese un acuerdo en virtud del cual al igual que los trabajadores por cuenta ajena pagan en función de una serie de tramos de cotización según sus salarios reales, también los autónomos pudieran cotizar en función de esos ingresos».
En estos momentos el sistema propicia que la mayoría de los autónomos opte por aportar el mínimo legal (ahora 278,87 euros al mes), independientemente de sus ingresos, recortando de esta forma la recaudación de la Seguridad Social y consecuentemente, su futura pensión por jubilación. Una de las propuestas que más fuerza esta cobrando en los últimos meses es duplicar la base mínima (de 919 euros a 1.840 euros) de aquellos autónomos que ganen más de 40.000 euros netos anuales. Es decir, que su cuota pasaría a ser de unos 550 euros.
Aquellos autónomos cuyos ingresos no superasen el SMI (10.302,60 euros al año) disfrutarían de una cuota similar a la tarifa plana para nuevos emprendedores (50 euros mensuales), mientras los que se encontrasen entre ambos baremos seguirían cotizando como lo hacen hasta ahora. En cuanto a la fórmula, Valerio detalló que la cotización en lugar de ser mensual, ya que los autónomos no suelen cobrar todos los meses lo mismo, podría ser trimestral o incluir algunas regularizaciones a lo largo del año.
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