5G es una de esas tecnologías que están llamadas a cambiar el mundo. Con claro foco en el Internet de las cosas, el desarrollo de tecnologías como el vehículo autónomo y todo tipo de procesos industriales caminan en paralelo a la próxima generación de acceso a datos móviles.
El despliegue de las nuevas redes 5G no será sin embargo fácil. En primer lugar porque los operadores no han acabado de explotar las inversiones que les ha supuesto 4G. Y en segundo término, porque la subasta de las nuevas frecuencias 5G se anuncia problemática.
Así lo aseguran desde la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones, AOTEC, que ha denunciado la primera subasta de radiofrecuencias para el desarrollo del 5G ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha pedido al regulador que intervenga para que se suspenda cautelarmente y se eliminen las cláusulas que limitan el acceso a dicha puja.
En este sentido, los operadores locales consideran que los que establecen barreras a la entrada a la subasta de la banda de frecuencias 3,6-3,8 GHz, tanto de tipo técnico como económico, infringen la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la Ley General de Telecomunicaciones por lo que piden a la CNMC que los impugne ante la Audiencia Nacional para que se supriman y mientras, se paralice la puja.
En ellos se establece como requisito para que una empresa pueda presentarse a la licitación tener en alguno de los 3 últimos años un volumen de negocio de al menos 90 millones de euros y haber prestado servicios y/o invertido más de 42 millones en “servicios de comunicaciones electrónicas y redes de igual o similar naturaleza a los de la concesión”.
AOTEC asegura que estas cláusulas incumplen el principio de no discriminación “para todas las partes interesadas” que se consagra en la Ley General de Telecomunicaciones para las licitaciones de espectro radioeléctrico. También quebranta el principio de fomento de la competencia, que defiende el mismo texto legislativo, al dejar fuera a todo lo que no sea una gran empresa de telecomunicaciones. Además, argumentan que los requisitos no están motivados ni son proporcionados, tal como exige la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
Llos operadores locales defienden que establecer un volumen de negocio de 90 millones “no es necesario” para garantizar la solvencia económica de una empresa, sino que ésta “queda cubierta por el hecho de tratarse de una puja, puesto que la gana quien más ofrece y se obliga al pago». Por tanto, “la petición de una garantía provisional (al ganador) es suficiente en este sentido”.
La Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones defiende los intereses de las pymes del sector, que cuenta con unas 1.000 empresas repartidas por todo el territorio español en poblaciones, por lo general, de menos de 50.000 habitantes.
