Era una normativa, cuanto menos, polémica y que no satisfacía en exceso a muchos propietarios de camiones. En agosto de 1999, el Gobierno impuso por ley el requisito de tener una flota de al menos tres vehículos de transporte pesado para obtener licencia y poder operar. Era algo que perjudicaba al clásico camionero que recorría España con su único vehículo y lo aparcaba al lado de su casa.
Esta ley, que fue ligeramente modificada en 2007, tenía como objetivo acabar con la atomización de un sector dominado por los autónomos. La medida supuso que en dos décadas la media de camiones por empresa haya pasado de dos a poco más de tres.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Europea (CE) llevan años intentando acabar con esta ley. Fue en abril de 2017 cuando decidieron denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por una normativa que entienden limitaba los derechos de los trabajadores, es decir, dificultaba el acceso a la profesión de transportista, vulenerando los principios de la Garantía de Unidad de Mercado (LGUM).
La resolución de la Corte de Luxemburgo ha dado la razón a la Comisión Europea por lo que el Gobierno de España tendrá que elimianr el requisito de los tres camiones para ejercer la profesión. Esta medida puede suponer un impulso al sector ya que va a facilitar que pequeñas empresas o autónomos que tan sólo tengan un camión puedan desarrollar su labor libremente. No son pocos los camioneros, que con su único vehículo pueden realizar perfectamente su trabajo y se veían impedidos hasta la fecha por esta medida que se ha extendido por espacio de dos décadas. La competencia se abre de este modo y a partir de ahora veremos más camiones en polígonos industriales y en lugares estratégicos como Mercamadrid, el polígono industrial de la Ribera del Duero, en los diferentes puertos del país y en otras áreas industriales de Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao.
Descontento en el gremio de transportistas
Esta medida que va a favorecer la proliferación de pequeños transportistas no ha sentado bien en el gremio. El ex director general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera (Inta), Fernando Cascales, valora negativamente esta medida. «La sentencia del TJUE proyecta un futuro en el que la atomización, que había sido desterrada de la estructura del transporte público por carretera, volverá a constituir un problema de gran dimensión. Existe un riesgo de una importante desestructuración de mercado«.
Ramón Valdivia, director general de Astic, patronal de los transportistas considera que «con su sentencia, el TJUE dinamita el ya de por sí muy tímido proceso de concentración empresarial que nos ha llevado en España, en dos décadas, de menos de dos vehículos de media por empresa a más de tres. El tribunal favorece la fragmentación societaria y el surgimiento de estructuras empresariales formadas por microempresas con un solo camión, cuando necesitamos todo lo contrario«.
Por su parte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) aseguró que la eliminación del requisito de la flota mínima «propiciará la entrada masiva a la actividad de nuevos transportistas de manera desordenada, en perjuicio de los que actualmente operan en el sector y de la calidad del servicio que prestan, corriendo el riesgo de convertirlo en un sector sumidero«.
Y ojo, porque esta medida, que en principio sólo afecta a camiones puede extenderse al transporte público en general. En lo que a autobuses respecta, el Gobierno tendrá que eliminar el requisito de tener una flota de cinco para obtener licencia. El modelo Uber y Cabify amenaza con extenderse en otros sectores.
El Gobierno cumplirá, como no podía ser de otra manera, la sentencia comunitaria pero no lo hará inmediatamente, sino que esperará a que se publique esa norma. Asimismo, seguirá trabajando para dificultar el acceso a la profesión, exigiendo el cumplimiento de los requisitos fijados por la reglamentación europea.
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