Y esto supone un gran problema para negocios modestos, en los que los flujos de caja suelen ser muy ajustados y para los que sumar varios retrasos a la hora de recibir ingresos por facturación conlleva el cierre de no pocas empresas. Un estudio de Intrum Justitia, ‘Informe Europeo de Pagos’, señala que el 53% de las micropymes españolas se ve obligada a aceptar plazos de cobro más largos que los previamente establecidos. Este dato es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que en España el 82,2% de las compañías tienen dos o menos trabajadores asalariados.
Esta tendencia equivale a pérdidas del 1,9% de la facturación. La disminución de liquidez y los intereses adicionales son problemas que se derivan de estas situaciones que se producen por factores ajenos a la propia enseña. Los participantes en el estudio explican que el 72% de las empresas aluden a las dificultades financieras de sus deudores. Otros motivos que se alegan son el retraso intencional y la falta de organización en los departamentos de administración.
La morosidad conlleva consecuencias de gran complicación para las micropymes. El informe de Intrum Justicia destaca que las ‘víctimas’ de la situación caen en un círculo vicioso. Cobran tarde y se ven forzadas a afrontar sus pagos fuera de plazo. La mitad de estas compañías reconoce que están pagando tarde de manera sistemática.
La solución a estos aplazamientos pasa por medidas como la introducción de una nueva legislación. El 47% de los encuestados así lo proponen. Se considera necesario que haya un cambio regulatorio en España acorde con las necesidades del mercado. Congreso y Senado están trabajando en ello.
Se señalan otras medidas voluntarias, como la adopción de comportamientos que prevengan situaciones que pongan en riesgo la continuidad de una empresa, como es este caso. En España, es este segmento del tejido empresarial es el que más sufre las consecuencias de la morosidad, ya que su músculo financiero para hacer frente a esta situación es muy limitado y está más expuesto a tener que aceptar condiciones menos ventajosas en el cobro de sus facturas”, sentencia el portavoz de Intrum Justitia en España, Juan Carlos González.
