Los recientes ataques a autobuses turísticos en Barcelona, las manifestaciones que en San Sebastián exigen a los turistas que «se vuelvan a casa» y las pintadas que con cada vez más insistencia claman contra la «turistificación» de algunas ciudades, han disparado todas las alarmas en el que ya es el principal motor económico de nuestro país y probablemente único artífice de la recuperación económica.
Y la situación no sólo preocupa por algunos incidentes aislados, sino porque este clima de malestar empieza a llegar a la prensa internacional. El pasado mes de mayo el periódico inglés «The Independent» incluía a Barcelona entre las ocho ciudades del mundo que «más odian a los turistas», donde compartía espacio con otras ciudades como Venecia, Amsterdam o Roma. No son los únicos. «The Telegraph» o «The Guardian» o la americana «Politico» hablan ya de guerra abierta entre los habitantes de la ciudad condal y los turistas.
El problema por supuesto, no es de los turistas. En general a todos nos gusta que visiten nuestras ciudades, disfruten de nuestra estupenda comida y podamos aprender los unos de los otros, sobre todo si se traduce en riqueza y empleo. Sin embargo la apuesta por un modelo de turismo low-cost que premia la cantidad frente a la calidad, la permisividad con el conocido como «turismo de borrachera» y la gentrificación de los cascos históricos de muchas ciudades forman un cocktail explosivo del que ahora empezamos a ver sus primeras consecuencias.
Un récord turístico que se paga caro
España siempre ha sido un polo de atracción turística. Sin embargo en los últimos años, el número de turistas que han visitado nuestro país, se ha disparado, aumentando enormemente la presión demográfica en ciudades y costas.
En 2016 nada menos que 72,2 millones de turistas decidieron pasar unos días en España, suponiendo un incremento del 9,9% con respecto al año anterior y registrando un nuevo récord para el sector. Para este año se espera que el número de turistas alcance los 80 millones. Esta cifra sitúa a nuestro país como el más visitado del mundo, por delante de países como Francia o Estados Unidos.
¿A qué se debe? En primer lugar España ha dejado de competir con otros destinos de sol y playa del Mediterráneo. Egipto, Turquía o Túnez han sido durante la última década una alternativa low-cost a la oferta española capaces de atraer a millones de turistas europeos a sus costas.
Pero la inestabilidad política en la que se han visto envueltos en los últimos años y el auge del terrorismo islámico ha provocado que esos destinos sean percibidos como no seguros y que por lo tanto, el turista que hasta hace poco se solazaba en las playas de Sharm el Sheikh haya pasado a hacerlo en España.
Esto sin embargo por sí solo no explica el incremento del número de viajeros. La industria turística española también ha jugado un papel decisivo al apostar, como consecuencia de la crisis económica, por «tirar los precios» en vez de afrontar una renovación necesaria en la que primase la calidad.
La primera consecuencia es que el turista que viene a España en realidad deja poco dinero en nuestro país. Y es que aunque el gasto de los turistas extranjeros que visitaron España alcanzó los 37.217 millones de euros durante el primer semestre del año situando a nuestro país entre los tres primeros, el gasto medio diario de cada turista no llega a los 150 euros (143 euros entre los que se incluyen los gastos de alojamiento).
Pero la segunda y peor de las consecuencias es que esta apuesta por atraer turismo a toda costa, ha tumbado los salarios del sector, que se sitúa entre los que peores pagan y los que más temporalidad y precariedad laboral generan. Ganar mil euros se ha convertido en toda una quimera en un momento en el que las cifras del paro bajan tan rápido como vuelven a subir y en el que si no estás dispuesto a aceptar 800 euros, otro lo hará por ti.
Airbnb y la gentrificación de las ciudades
Esta fotografía de lo que está ocurriendo no estaría completa si no sumásemos a todo lo anterior, el impacto que están teniendo en las ciudades las distintas plataformas de alquiler de pisos turísticos. El beneficio que los propietarios de los pisos obtienen en estas plataformas ha conseguido desplazar al alquiler tradicional, relegándolo a un menguante segundo plano.
Así los centros de ciudades como Madrid o Barcelona, pero también en San Sebastián, Valencia o Palma de Mallorca, se están convirtiendo en «cotos exclusivos» solo aptos para los que pueden permitírselo. Porque por un lado los edificios históricos que se están reformando suelen dedicarse exclusivamente al alquiler de pisos turísticos o la promoción de apartamentos de lujo. Por el otro, la alta demanda de pisos de alquiler y la escasa oferta, dispara los precios expulsando a los antiguos inquilinos una vez vencen sus contratos.
En islas como Ibiza o Mallorca se ha llegado al paroxismo de que sus administraciones se ven incapaces de contratar a los profesionales que necesitan para la temporada de verano, como consecuencia de los altos precios del alquiler. Así médicos, policías, funcionarios de justicia, etc. pero también fontaneros, electricistas o camareros rechazan trabajar en las islas, al literalmente no poder pagar su manutención con el sueldo que reciben a cambio.
¿Despierta la Administración?
Como consecuencia de todo lo anterior, los ayuntamientos más castigados por esta turistificación han empezado a tomar medidas. Barcelona por ejemplo, ha decretado una moratoria que impide construir nuevos hoteles en la ciudad y ha declarado la guerra a los pisos turísticos ilegales. El pasado mes de junio impuso una multa de 600.000 euros a Airbnb, que se suma a otra de de idéntica cuantía con la que el ayuntamiento barcelonés sancionó a la startup en 2016.
En Palma de Mallorca, donde cada vez resulta más complicado encontrar un piso de alquiler, el ayuntamiento ha impulsado una nueva normativa que prohíbe el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad durante al menos, este verano. Además la comunidad autónoma obligará a ceder pisos vacíos a los «grandes poseedores» de viviendas si estos no registran actividad durante dos años.
Valencia quiere obligar a Airbnb a que los propietarios de pisos turísticos en su ciudad paguen una tasa por inscribirse en la plataformas, más otra por cada día que permanezca alquilados, estableciendo un máximo de días en la que estos pisos pueden anunciarse a lo largo del año. Además en algunos municipios de localidades de la Comunidad Valenciana como Gandía, Alfàs del Pi o Torrevieja, la policía municipal saldrá a la caza y captura de apartamentos ilegales al menos una vez a la semana.
Finalmente en Madrid, con el nuevo reglamento en la mano, las comunidades de vecinos podrán vetar que se ofrezcan pisos de alquiler de carácter turístico, que además estarán sujetos a un régimen sancionador que se pondrá en marcha cuando haya serios problemas de convivencia.
Con todas estas iniciativas las distintas administraciones pretenden mitigar el efecto que la «avalancha turística» está causando en nuestras ciudades, pero no está del todo claro si por sí mismas bastan para parar el golpe. No convertirse en una nueva Venecia es ya el primer objetivo para ciudades como Barcelona donde el punto de no retorno está hoy más cerca que nunca.
