De repente, el documental “Comprar, tirar, comprar. La historia secreta de la obsolescencia programada” de Cosima Dannoritze parecía haber dado en el clavo. Si los electrodomésticos y aparatos eléctricos del siglo XXI duran menos que los del siglo XX se debe en buena medida a que las empresas quieren que duren menos.
Y las pruebas que presentaban eran de peso: ahí estaba esa bombilla que lleva más de cien años dando luz en una estación de bomberos de California, o unas primeras e irrompibles medias de nylon que acabaron siendo sustituidas por materiales mucho menos resistentes, porque hay que comprender que hay toda una industria que vive de vender medias.
Así que como es lógico y ante el peso de las pruebas, el consumidor se cabrea. ¿Hasta qué punto? Pues al parecer en Bélgica lo suficiente como para que sus autoridades hayan presentado un estudio realizado por la asesoría medioambiental RDC en el que se proponen algunas fórmulas para contrarrestar la obsolescencia programada y que pronto se aplicarán en el país.
¿Pero existe la obsolescencia programada?
Aunque existe una creencia generalizada de que las compañías ponen a prueba nuestra paciencia poniendo una fecha límite a la vida útil de sus productos, lo cierto es que el director general de RDC, Bernard De Caevel, explicó recientemente a Efe que «no hay pruebas» de que las compañías planifiquen la vida de sus productos. Sin embargo también aseguró que la «reducción de costes» en la fabricación de los productos induce a pensar que efectivamente, se produce esta programación aunque sea de forma indirecta.
Por lo tanto, en su estudio, RDC sugiere que fabricantes y empresas proporcionen la información sobre la vida útil de sus productos a los consumidores y, al mismo tiempo, animar a que estos adquieran artículos más duraderos. «La clave es que esta información sea fiable y esté disponible para el consumidor», señala De Caevel.
Según el informe de RDC, es fundamental que el comprador reciba una estimación de la vida útil del producto basada en «criterios reales», facilidad a la hora de llevar a cabo reparaciones y que el precio de los repuestos nunca sea superior a las dos terceras partes de lo que se pagó inicialmente por el artículo.
Además este experto también aboga por aumentar la garantía de los productos en función de su precio para hacerla «más flexible», de una manera proporcional y ascendente.
El reto para la UE
Pero Bélgica no es el único país preocupada por la vida útil de los artículos producidos por las grandes compañías.
En 2015 Francia presentó un corpus legislativo contra la limitación de la vida útil de los artículos electrónicos cuando aprobó una ley con la que se castiga a los fabricantes que establezcan de forma predeterminada la durabilidad de un producto con una pena de prisión de dos años y una multa de hasta 300.000 euros.
En cuanto a la UE, aunque existe cierta preocupación en este terreno, lo cierto es que de momento las medidas que se han tomado son poco más que buenas intenciones.
Su Plan de Acción para Economía Circular por ejemplo aborda la obsolescencia «prematura», modo en que se denomina este asunto desde la Comisión Europea (CE), con una serie de acciones para respaldar a los productos más duraderos y reparables.
Por otro lado y como parte del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2010, la CE propone actualmente una acción para el desarrollo de un programa independiente de pruebas que identifique prácticas relacionadas con la obsolescencia programada, así como la manera de abordar estos casos durante el periodo de 2018 a 2020.
Asimismo, la Unión Europea (UE) presentó recientemente una serie de requisitos potenciales como parte de su programa de «Ecodesign» y economía circular que buscan alargar la vida de los productos y asegurar que sus componentes son reparables.
Entre los requisitos se incluyen evitar técnicas de sellado que impidan el desmontaje de determinados componentes, proporcionar un sistema de eliminación de datos digitales en dispositivos de almacenamiento y un mantenimiento obligatorio del «firmware» por los fabricantes, que debe estar disponible para terceros bajo solicitud.
