El derecho a desconectar del correo electrónico, de las llamadas de trabajo a horas intempestivas o de las aplicaciones de mensajería instantánea que ya utilizan muchas empresas. Este es el tema de conversación que ayer se coló en el Congreso de los Diputados, en el marco de un debate más amplio sobre conciliación laboral y familiar. Porque si en Francia han conseguido regular el derecho de los trabajadores a no ser contactados por sus empresas fuera de su horario de oficina, en España no queremos ser menos.
Lo planteó ayer en sede parlamentaria Fátima Báñez, quien ha explicado que el Gobierno negociará con sindicatos y empresarios la “desconexión digital” de los trabajadores una vez acaben su jornada. De momento el Ejecutivo ha remitido este asunto a una de las mesas de diálogo abiertas con los interlocutores sociales en materia de empleo. Concretamente, la dedicada a la calidad del mismo, en la que trabajan para acordar medidas sobre estabilidad en el empleo, formación, lucha contra el fraude, conciliación y “un horario más razonable”.
Báñez ha asegurado que este grupo de trabajo lleva “más de dos reuniones”, y entre las medidas para mejorar la conciliación y conseguir una mayor flexibilidad en la jornada ha citado la creación de un banco de horas en las empresas, el impulso al teletrabajo y este derecho a la desconexión digital.
La ministra hacía referencia a estas medidas ante la pregunta de la diputada socialista Meritxel Batet, quien ha recordado que hace meses Báñez apostó por la racionalización de horarios y la finalización de la jornada laboral a las 18.00 horas, pero que por el momento sólo ha dado “titulares y declaraciones, pero nada más. “No ha habido ninguna propuesta normativa, ni medida transversal ni diálogo social, ni siquiera el cumplimiento de mandatos de esta Cámara”, ha criticado.
Batet ha esgrimido que desde la constitución del Gobierno su propio Grupo “ha pensado y ha propuesto más” que la ministra en este tema. “No sé si es por falta de ideas o por falta de voluntad”, ha apostillado, enumerando a renglón seguido propuestas como cambios en fiscalidad, en horarios escolares, televisivos o acuerdos con las administraciones autonómicas.
