78 euros al año. Es lo que calculan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) que se ahorrarán como media los asalariados españoles tras la entrada en vigor de la nueva rebaja del IRPF aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy, y que sobre el papel supone una rebaja del 3% en las retenciones de las nóminas.
Los técnicos explican que la nueva reducción es la última fase de la reforma llevada a cabo por el anterior gobierno después de que el pasado mes de julio se adelantara el grueso de la rebaja programada para este año.
La nueva tarifa, que se aplicará a la base liquidable general, reduce tanto el número de tramos (de siete a cinco) como los tipos marginales, y, según los técnicos, vuelve a poner de manifiesto la desigualdad del sistema tributario español, ya que perjudica la progresividad del IRPF al beneficiar más a las rentas más altas, independientemente de su situación familiar.
En concreto, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, sostiene que la rebaja fiscal tiene un alcance «muy desigual», ya que permitirá un mayor ahorro cuanto mayor sean también los ingresos. En cuanto a los tipos del ahorro, según los cálculos de Gestha, los grandes beneficiarios de la rebaja serán también los grandes patrimonios, los que ingresan más de 150.000 euros y cuyas rentas del ahorro se sitúan en una media entre los 57.412 y los 674.090 euros. De hecho, el 0,6% de las personas que declaran rentas del capital concentrarán el 42,8% del ahorro global de los contribuyentes.
Gestha cree que esta reforma hace que se repita en España la paradoja denunciada por Warren Buffet, que reconoce pagar comparativamente menos impuestos en EE.UU. que su secretaria. El hecho de que la renta del ahorro tribute a unos tipos inferiores que la renta general provoca esta desigualdad en el reparto de la carga impositiva entre los contribuyentes.
En concreto, los técnicos denuncian que el tipo real del IRPF es el mismo para un contribuyente que gana 600.000 euros anuales por rentas de capital que para un ciudadano que ingresa 26.000 euros por su trabajo o su actividad empresarial, lo que favorece a las rentas más elevadas que contribuyen menos y perjudica a los contribuyentes medios que soportan más carga fiscal.
