El Fondo Monetario Internacional (FMI) exige a España que refuerce el marco concursal español porque no ayuda a pymes ni a autónomos, los grandes olvidados de todas las reformas que se han lanzado para reflotar empresas endeudadas o en quiebra. El FMI denuncia que el marco concursal español no está preparado para atender a las «microempresas, la mayoría de las cuales operan como compañías de un solo propietario».
Las microempresas, que define como empresas con menos de 10 empleados, suponen el 95% del tejido empresarial español. A finales de 2012, el 53% no tenía otros empleados además de su dueño, el 29% contaba con dos trabajadores, y sólo el 4% reunía 20 empleados o más. El organismo subraya que estas empresas «tienen unas características únicas y unas necesidades que el marco concursal español no cubre, ya que se superponen los activos empresariales y personales, lo que lleva a los acreedores a tomar en prenda hipotecas de activos personales de los dueños y directivos».
Además, el Fondo señala, que el régimen concursal es «infrautilizado por la pymes debido a los insuficientes incentivos para su uso». A pesar del incremento de los concursos de empresas grandes y medianas, el uso del proceso por parte de las micropymes es todavía inhabitual: sólo doce de 10.000 micropymes lo usaron en 2012.
A juicio del FMI, esta escasísima utilización se debe a que las micropymes tienen escasos incentivos para acogerse al procedimiento. «Los planes de reestructuración son muy restrictivos y no obligan a los acreedores privilegiados y, sobre todo, a los públicos, es decir, a Hacienda y a la Seguridad Social». En este último punto, el organismo destaca que «la mayoría de la deuda de las pymes es con acreedores privilegiados y públicos y su falta de habilidad para liderar los procesos y las votaciones lleva a que las refinanciaciones sean muy ineficaces para las pymes».
«Estos procesos suelen acabar en liquidación automática». «A todo esto se suma», añaden desde el FMI, «la lentitud del proceso, su rigidez y la falta de fórmulas alternativas a los tribunales». Estas críticas las realiza el organismo teniendo en cuenta el último RealDecreto-ley de refinanciaciones que entró en vigor el pasado 8 de marzo, y de la Ley de Emprendedores.
