El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) expresa su reproche a algunos directivos de grandes empresas españolas por su “frivolidad” a la hora de abordar las cuestiones que afectan al empleo de personas con discapacidad. Según el comité «origina un enorme perjuicio para quienes desde la sociedad civil trabajan por mejorar el acceso al empleo de un sector social todavía excluido de este bien básico».
Estas declaraciones tienen mucho sentido, tras la publicación de una información del pasado día 17 de julio en el diario económico Expansión, en la que representantes de distintas empresas se pronunciaron en este sentido. Según el Comité, “ha causado un gran malestar en el sector solidario que promueve el empleo de las personas con discapacidad”.
Por poner un ejemplo de lo que se citaba en este diario, el responsable de diversidad y conciliación de Repsol , Joaquín Ponce, insinuó que la baja tasa actividad de las personas con discapacidad se debe, entre otras causas, a la percepción de subsidios, que lleva a estas personas a rechazar empleos.
“Esta afirmación es especialmente grave, pues traslada de modo injusto a las personas con discapacidad la responsabilidad de los efectos perniciosos de una regulación legal anquilosada que obliga a elegir férreamente entre protección social y el desempeño de un empleo, en vez de fomentar una compatibilidad equilibrada que promueva la activación”, argumenta el CERMI.
Por su parte, el CERMI hace un llamamiento a la “auténtica responsabilidad social de las empresas para que, cuando se trate de discapacidad, actúen a partir de una correcta percepción e interpretación de la situación real, y no emitan ni proyecten lugares comunes e ideas recibidas que sólo contribuyen a arruinar el objetivo de que las personas con discapacidad accedan con normalidad al bien básico del empleo, sin exclusiones ni discriminaciones”.