El coordinador federal de Izquierda Unida Cayo Lara, afirmó ayer que antes que estrangular a los ciudadanos con más recortes sociales, el Gobierno haría mejor en intensificar su campaña contra el fraude fiscal, que cifró en más de 90.000 millones de euros anuales.
Concretamente, explicó que 60.000 millones corresponden a empresas que eluden el pago de impuestos, y los otros 30.000 millones de euros restantes, corresponderían a la economía sumergida. Para ofrecer estos datos, Cayo Lara se apoyó en un informe de Tax Justice Network de noviembre de 2011 en que se afirma que España ocupa la décima peor posición del mundo en la materia.
El coordinador general de Izquierda Unida insistió en que «hay alternativas a los recortes», que no considera la vía ni para salir de la crisis ni para resolver el problema del déficit y cumplir con los objetivos pactados con la UE. Así, recordó que el Gobierno podría «hacer campañas publicitarias» y «una reforma fiscal progresiva» para luchar contra la evasión fiscal en lugar de acometer «amnistías fiscales» y «rebajar impuestos».
«Defraudar a la hacienda pública no puede ser un deporte nacional. Pagar los impuestos es una obligación social de todos los ciudadanos con el Estado de Bienestar y con la educación pública» zanjó.
Volviendo al informe publicado por Tax Justice Network, resulta destacable señalar que España, con un 22,5% de economía sumergida, se sitúa como el décimo país del mundo donde más se defrauda a la hacienda pública.