Uno de los primeros retos al que va a tener que enfrentarse el nuevo Gobierno es el desarrollo de las medidas que de RSC que se incorporan en la famosa Ley de Economía Sostenible (LES) aprobada por el Ejecutivo socialistas.
Así, el equipo de Mariano Rajoy tendrá que decidir por ejemplo si se mantiene o no la dirección general de Economía Social del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente del ya extinto ministerio de Trabajo.
Así, el artículo 39 de la citada ley contempla la promoción de la responsabilidad social de las empresas a través de diferentes mecanismos basados en la transparencia, el buen gobierno corporativo, el medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, la mejora de las relaciones laborales o la integración de la mujer, entre otros.
Sin embargo, la medida más comentada a lo largo de este año consiste en el hecho de que las sociedades anónimas puedan hacer públicos con carácter anual sus políticas y resultados en materia de Responsabilidad Social Empresarial a través de un informe específico, en el que deberá constar si ha sido verificado o no por terceras partes.
En el caso de sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados, este informe anual de Responsabilidad Social Empresarial será objeto de comunicación al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE). Esta medida afectará a un total de 426 compañías, según datos del Ejecutivo.
Por otro lado, en su programa electoral para las elecciones generales del 20 de noviembre, el PP apostaba por la promoción de las alianzas público-privadas y mencionaba el impulso de la responsabilidad social corporativa en el ámbito de la cooperación al desarrollo.