La economía sumergida en España supone entorno al 17% del PIB, según el estudio desarrollado por profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y que ha sido publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas).
Los autores del estudio, que han realizado los cálculos teniendo en cuenta tres metodologías diferentes, concluyen que entre 1998 y 2008 la economía sumergida en España alcanzó el 17,4% con la aproximación monetaria, el 17,6% según el consumo de energía y el 16,7% con el modelo ‘MIMIC’.
Así, en los últimos 20 años (1980-2008), el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, pero la economía sumergida, en el mismo periodo, se ha multiplicado por cuatro. «Esto pone de manifiesto que economía sumergida y bonanza económica son perfectamente compatibles», indica el estudio.
A la vista de estos datos, Funcas destaca que la economía sumergida alcanza «niveles preocupantes» en algunas economías como España por sus efectos sobre la equidad, eficiencia y competencia. «Parece existir un amplio consenso en que la economía española está entre ellas, pero también en la dificultad de aportar datos que gocen de una cierta precisión», subraya.
En términos de recaudación fiscal, el estudio pone de manifiesto que la economía sumergida genera una merma de ingresos fiscales, que estiman en el periodo 1989-2008 entre 30.845 y 32.735 millones de euros anuales de media al año, lo que supone entre el 5,4% y el 5,6% del PIB oficial.
4 millones de empleos sumergidos
Además, los autores indican que en el caso de que estuvieran todas las actividades económicas sometidas a fiscalidad y asumiendo que la recaudación fiscal observada no variara, la presión fiscal bajaría de media entre 4,5 y 4,8 puntos porcentuales.
En cuanto al efecto en el empleo, sea cual sea el procedimiento de estimación de la economía sumergida que se utilice, el empleo sumergido estimado ha crecido desde 1980, pasando de alrededor de 1,4 millones a más de 4 millones al final de la muestra.
Los autores explican que esta cifra no implica que exista una cifra equivalente de personas que realizan su actividad laboral al margen de la economía oficial, ya que puede ocurrir que algunas de ellas trabajen tanto en el ámbito de la economía sumergida como oficial.