Tras más de tres años de negociaciones entre la industria de contenidos y los operadores de acceso (ISP) el ministerio de cultura ha aprobado la llamada Ley de Economía Sostenible, en la que se introduce la modificación de las dos leyes fundamentales en la materia: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y La ley de Propiedad Intelectual (LPI).
La ley sostenible establece una modificación de la Ley 34/2002 de los Servicios de la Sociedad de la Información por la que se permite cortar Internet por orden judicial con el objetivo de salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual. De este modo de aprobarse el anteproyecto, que está en proceso de consultas, un juez podrá ordenar interrumpir la prestación del servicio de Internet en caso de que se vea vulnerado ese derecho.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró que el Gobierno no va a «perseguir a los usuarios» de Internet, sino que actuará para «evitar que haya páginas de descargas ilegales» y «concienciar a los ciudadanos de que hay que respetar la propiedad intelectual».
En este sentido, afirmó que el Gobierno va a trabajar para ofrecer a los usuarios páginas de descarga baratas y legales tanto de música como de películas: «Tenemos que buscar un punto de equilibrio entre el respeto a la propiedad intelectual, que compartimos, pero por otro lado la necesidad de respetar la libertad y privacidad en el uso de Internet».
Además, se introduce un nuevo apartado segundo del artículo 8 Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información en el que se establece que los órganos competentes podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan la identificación de la persona que está vulnerando el derecho de propiedad intelectual, y los operadores estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan.
Tal y como nos comentan nuestros compañeros de MuyComputer estas dos medidas son la avanzadilla de un nuevo paquete orientado al control de las descargas de material protegido por derecho de autor dirigidas más contra los sitios que proveen enlaces (webs de enlaces P2P, de descarga directa, etc.) que de forma directa contra los particulares.
