El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) propone que los trabajadores paguen voluntariamente tres puntos adicionales en sus cotizaciones a la Seguridad Social para crear un sistema de ahorro similar al de los fondos de pensiones privados, pero que sería gestionado por el Estado. Esta medida para crear un sistema 'mixto' de pensiones, compatible con el público y el privado vigentes, se enmarca en una propuesta de reforma del sistema que la organización empresarial considera necesaria incluir en el Pacto de Toledo.

Según la propuesta presentada por el presidente del IEF, Simón Pedro Barceló, y su director general, Fernando Casado, se trataría de "premiar económicamente" a los trabajadores que decidieran hacer esta aportación.

"El importe desembolsado pasaría a formar parte de una cuenta del trabajador gestionada por el Estado con la que en el futuro se complementara la pensión", una medida que, además, "ayudaría a mejorar la situación financiera de la Seguridad Social y fomentar el ahorro".

Según Casado, el sistema funcionaría de una forma "mixta", lo que reportaría los beneficios de los fondos privados de pensiones junto a la "credibilidad" de lo público. En este sentido, Barceló defendió este sistema "tutelado por el Estado", a la vista de que la desconfianza está "limitando" el éxito de los planes privados.

La ecuación resultante sería una mejora de la competitividad que permitiría adecuar los salarios con el resto de los países de la UE y, al mismo tiempo, que ampliaría la masa de trabajadores dispuestos a pagar más a la Seguridad Social para tener una mejor pensión.

Entre ellas, desgranaron establecer la edad de jubilación entre los 65 y los 70 años según la naturaleza de cada sector, aumentar de forma progresiva el número de años mínimo a cotizar para cobrar una pensión de los 15 años actuales a los 20 años y establecer como base de cálculo el total de las aportaciones que las personas realicen durante su vida laboral, algo que consideraron "más justo y objetivo".

Asimismo, apostaron por aumentar la edad mínima de prejubilación y permitir que las mutuas puedan gestionar las altas y las bajas laborales con el objeto de reducir el "absentismo laboral irregular", dado su mayor "rigor y objetividad" a la hora de evaluar cada caso.